(Des)memoria democrática: a la tercera va la vencida II

Sabino Cuadra | (Des)memoria democrática: a la tercera no fue  la vencida II

LA “LEY DE MEMORIA HISTÓRICA” DE 26 DE DICIEMBRE DE 2007.

            Entre la Ley de Amnistía de 1978 y esta nueva Ley de 2007, la recuperación de la memoria histórica fue totalmente ignorada por los gobiernos de UCD, PSOE y PP habidos en ese período. Algo lógico en los casos de UCD y PP, plagados de franquistas, pero no tanto en el del PSOE, presidido durante 14 años por Felipe González (1982-1996).

            La mayoría absoluta lograda por este partido en las elecciones de 1982, unida al descalabro de la UCD y el naufragio de la derecha tras el fallido golpe de Estado del 23-F de 1981, crearon unas condiciones inmejorables para haber podido abordar el saneamiento democrático pendiente, creando una Comisión de la Verdad y abriendo la vía judicial para juzgar los crímenes del franquismo. Pero nada de esto se hizo. Por el contrario, la propia creación del GAL por el Gobierno del PSOE se asentó en buena medida en destacados miembros de la represión franquista: José Amedo, Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, Rodríguez Galindo… A destacar igualmente que en 1982, nueve de las trece Jefaturas Superiores de Policía existentes en el Estado estaban dirigidas por antiguos miembros de la Brigada Político-Social franquista (BPS).

            A pesar de ser denominada “Ley de Memoria Histórica”, su nombre oficial fue el de “Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. El título dejaba así claro que su objetivo no era la búsqueda de la verdad, ni, mucho menos aún, de la justicia. Así lo señaló en el Congreso la Vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, al defender el proyecto: “Esta es una ley que se ocupa de las víctimas y de sus familias, que deja la historia a los historiadores, a los jueces lo que es de los jueces, y que, al tiempo que amplía, extiende e instaura derechos, reconoce a cada persona el derecho a conocer y recuperar su memoria personal…, a reconstruir la propia biografía”.

            La ley vino precedida de distintas propuestas presentadas por ERC, IU-IPC, PNV, BNG, EA., reclamando medidas en favor de las víctimas de la guerra y la dictadura, pero sobre todo respondía a la presión creciente que desde principios del s. XXI venía realizando el pujante movimiento memorialista. Las nietas y nietos de las víctimas del franquismo habían tomado el relevo a sus antecesores ya fallecidos y reclamaban lo que éstos no pudieron lograr: verdad, justicia y reparación.

            Evidentemente, comparada con la nada absoluta anterior, la ley supuso un paso adelante. El mero hecho de visibilizar el tema de la “memoria histórica”, fue ya algo positivo. También buena parte de su contenido: retirada de nombres franquistas de calles y espacios públicos, subvenciones para las exhumaciones que se venían realizando, otorgamiento de la nacionalidad española a los brigadistas internacionales y descendientes del exilio, resignificación de usos del Valle de los Caídos, declaración de ilegitimidad de los tribunales y órganos de represión franquistas y sus condenas y sanciones…

            Aún con todo, la ley fue fuertemente criticada desde el movimiento memorialista. En primer lugar, porque el importante tema de las desapariciones y exhumaciones quedaba relegado al ámbito de las iniciativas particulares que pudieran realizarse. Había, sí, subvenciones para los familiares y grupos memorialistas, pero la Ley privatizaba una función (una más) que debía haber sido asumida directamente por el Estado, sus presupuestos y sus medios.

            Por otro lado, si bien se afirmaba la ilegitimidad de las leyes y tribunales franquistas y sus resoluciones, no declaraba su ilegalidad. Es decir, las sentencias franquistas no podían ser anuladas ni exigirse responsabilidad alguna al respecto, por haber sido acordadas en su día conforme a la legalidad entonces vigente. Por su lado, la Ley de Amnistía, la prescripción penal y la negativa a dar validez a la normativa internacional referida a los crímenes contra la humanidad, hacían que el acceso a la justicia quedara completamente cerrado.

            Finalmente, la ley se refería solo a una parte de la memoria a recuperar: las víctimas del franquismo. Pero, ¿dónde estaba la otra cara de la moneda, es decir, la de los victimarios: los gobiernos franquistas, sus cuerpos de represión, la servil judicatura, la jerarquía católica que todo lo bendijo? Igualmente, nada se decía sobre la necesidad de revertir el expolio derivado de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, de los inmensos beneficios empresariales obtenidos a costa del trabajo esclavo, ni tampoco de derogar la franquista ley de Secretos Oficiales de 1968.

            A pesar de ello, hubo quienes embellecieron la Ley adornándola con todo tipo de virtudes. Es el caso –es un ejemplo tan solo- del portavoz de IU-IPC, Joan Herrera, quien llegó a afirmar que la declaración de ilegitimidad de las sentencias era para su grupo “una conquista histórica” cuyas “consecuencias jurídicas iban a ser extraordinarias”. No solo eso, sino que, viniéndose arriba, afirmó que la ley “es la declaración de ruptura más contundente y más fuerte que se ha hecho nunca en democracia”. Evidentemente, se pasó tres pueblos.