Catalina de Erauso | Entrevista a Andrés Krakenberger
Pablo Ibar, hijo de un zestoarra, se encuentra encarcelado desde hace 24 años en una prisión de Florida condenado a pena de muerte por un triple asesinato que él asegura que no cometió. En 1997 se produjo el primer juicio que fue declarado nulo porque el jurado no alcanzó la mayoría preceptiva de entonces. Se repitió el juicio y en el año 2000 fue condenado a pena de muerte junto con Seth Peñalver, un amigo suyo. El jurado consideró probado que ambos eran los culpables del triple asesinato. Es también en el año 2000 que se separan las piezas por la detención del abogado de oficio de Pablo Ibar. El recorrido judicial de Seth Peñalver fue más corto por este imprevisto porque fue absuelto en 2012. Pablo Ibar ha vuelto a ser declarado culpable de asesinato hace pocas semanas, en el año 2019 aunque se desconoce aún la sentencia. La forma en que la fiscalía ha realizado las pesquisas policiales desde el primer momento con irregularidades en todos los ámbitos raya el escándalo. Las decisiones que toma el juez en calidad de moderador del acto del juicio en numerosas ocasiones se podrían considerar como vulneradoras de la presunción de inocencia de Pablo. La forma de juzgar por medio de jurados populares cuyos miembros son legos en derecho y desconocedores de metodologías en peritajes forenses criminalísticos y estándares internacionales, le da la estocada final a un sistema judicial que adolece de serias deficiencias. El ensañamiento de los medios de comunicación locales en casos de asesinatos crueles con el amarillismo que les caracteriza y que multiplica las ventas es la guinda final del sistema judicial norteamericano que a ojos de los europeos puede parecer bizarro.
Y no es para menos porque la cuestión penal alimenta el negocio de las cárceles en los E.E.U.U., que son privadas en su gran mayoría. El coste de una persona encarcelada en los EEUU es de 99,45$ al día o lo que es lo mismo que 36.299, 25 $ anuales según el Federal Register, The Daily Journal of the United States Government. En base a esta cifra, la cárcel de Pablo ya ha costado más de 860.000$. Teniendo en cuenta estos números, no está de más fijarse en unos pocos datos que son públicos. Pablo es uno de los más de 3000 presos en los corredores de la muerte de los EEUU. En los EEUU hay unos 17.000 homicidios anualmente y las condenas a pena de muerte oscilan entre 50 y 300 entre 1973 y 2017. Desde 1999 se observa un descenso pronunciado en penas de muerte, de 315 sentencias en 1996 a menos de 50 en 2017. Se ha ejecutado a 1476 personas de 1976 a 2016, lo que equivale a 37 personas anualmente. La asociación Proyecto Sentencia calculó que había unos 140.000 presos por cadena perpetua en 2009 lo que equivale a unos 700 presos por cada 100.000 habitantes. El número de personas encarceladas que cumple cadena perpetua ha pasado de 34.000 en 1984 a 1.595.520 en 2012 según este organismo. Uno de cada nueve encarcelados está en la cárcel cumpliendo una pena de prisión permanente. Los índices de crímenes han sufrido una reducción sustancial desde 1990 pero el número de penas de prisión permanente ha aumentado de forma visible en el mismo periodo, aunque en los últimos años parece que se mantiene estable. El gasto estatal en prisiones ha pasado de 6.700 a 55.000 millones de dólares en el mismo periodo (1984-2012). Para hacernos una idea, es cuatro veces el presupuesto del Gobierno Vasco. Cualquier estado que detectase este aumento de gastos exorbitante, tomaría alguna medida para reducir estos dispendios. Un dato que sorprenderá a los lectores es que las acciones en bolsa de las empresas carcelarias cayeron un 35% en un solo día cuando la administración de Obama anunció que la gestión privada de las prisiones no proporcionaba ningún ahorro a las arcas del estado y convendría recuperar la gestión de las mismas. Tres meses más tarde, llegó Trump al poder y las acciones no sólo se recuperaron, sino que aumentaron su valor. Como ya se ha avanzado, en EEUU, la mayor parte de la población reclusa está internada en cárceles privadas como Core Civic y Geo Group. Por tanto, las cárceles son un negocio boyante en los EEUU que se paga del erario, en vista de que los presos de cadena perpetua aumentan sin cesar. Uno de los fundadores de CoreCivic es Tom Beasley, antiguo jefe del partido republicano del estado de Tenesse. Además de los pagos asegurados de las arcas públicas por recluso y día de cárcel, los reclusos tienen la obligación de trabajar para poder pagar los daños y perjuicios a sus víctimas. Según afirma el documental «El negocio de las cárceles» de TV2 en Documentos TV, «cualquier empresario del sector privado puede contratar presos como mano de obra». «De hecho, las prisiones se han convertido en verdaderas factorías que se aprovechan de una mano de obra barata y cada vez más numerosa».
Si a estos datos añadimos los costes de juicios y apelaciones, la pena capital añade un sobrecoste de 700.000 $ en comparación con la pena de cadena perpetua según Death Penalty Information Center. Es en este contexto en el que hay que entender la pena de muerte de Pablo. En lo que sigue, Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, irá desgranando algunos datos de forma muy sintética porque el caso ya ocupa 10.000 folios y resulta imposible dar cuenta de todas las vicisitudes que se han podido detectar tanto en la instrucción de la causa como en los juicios de Pablo.
El caso Pablo Ibar
- ¿Cuándo se producen los tres asesinatos de los que se acusa a Pablo Ibar y cuándo y por qué es detenido en 1994? ¿Habían detenido o investigado a otras personas por estos hechos?
El triple asesinato se produce en junio de 1994, detienen a Pablo el 14 de julio y lo acusan formalmente el 25 de agosto del mismo año de haberlo cometido. Fue un crimen que hizo mella en Florida porque una cámara que tenía instalada el propietario de la vivienda en la que ocurrieron los hechos grabó este crimen extremadamente violento. En parte, por la violencia ejercida por los dos asesinos sobre las tres víctimas indefensas se desató una ola de rechazo y la exigencia explícita o tácita de la ciudadanía de una sentencia severa porque fue un caso fuertemente mediatizado. Tanto la justicia como la policía se vieron abrumados por una presión social incesante para capturar a los asesinos. Y sí, había otras líneas de investigación, pero se abandonaron todas cuando se produjo la detención de Pablo Ibar el 25 de agosto en otro escenario que nada tenía que ver con este asesinato. Le hicieron fotos. De hecho, se estaba investigando a una familia mafiosa. Un testigo llamó a la policía afirmando que había participado en la quema del coche de la víctima en el que habían huido los perpetradores. El destino quiso que al día siguiente de hacer estas declaraciones asesinasen a ese testigo.
Como la investigación del triple asesinato estaba abierta y Pablo se parece mucho a uno de los perpetradores del asesinato, los investigadores desecharon el resto de las líneas de investigación y le acusaron formalmente de ese crimen. Visto desde la distancia, tiene toda la pinta que, en lugar de investigar y llegar a un sospechoso, fue al revés. De pronto, tenían un detenido e intentaron cuadrar las pocas coincidencias entre Pablo y el asesino para tejer el relato de que Pablo era el perpetrador a pesar de que negó la participación en el crimen desde el primer momento.
¿Por qué actuaron y actúan fiscalía, judicatura y medios de comunicación de esa forma? A continuación, se presentarán unos datos que no pretenden explicar el porqué sino invitar al lector a reflexionar sobre los hechos y las diligencias judiciales.
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Gracias por ésta primera parte explicativa.Esperare por más información , a la vez que iré poniendo mi grano de arena para favorecer a que tenga pronto Pablo una vida normal.