Recuperando.- La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica (Recuperando) considera una victoria de la ciudadanía la marcha atrás del Gobierno y su disposición a facilitar el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica al amparo del inconstitucional artículo 206 de la Ley Hipotecaria, ya derogado desde 2015, que le confería el privilegio de inscribir inmuebles como si fueran funcionarios públicos.
La Coordinadora Recuperando, no obstante, espera que el listado que facilite el Gobierno incluya la totalidad de bienes y no solo los inscritos desde la reforma de Aznar de 1998, tal como indicó ayer de forma expresa la respuesta oficial. La Iglesia católica ha inmatriculado de manera irregular decenas de miles de inmuebles (40.000, según la propia Conferencia Episcopal) y en claro abuso de derecho, como así lo acaba de certificar el propio Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo al calificar el procedimiento de «arbitrario» en la reciente sentencia de Ucieza y condenar al Estado español a la mayor indemnización de su historia.
No tiene sentido, por tanto, limitar el alcance del listado desde 1998 cuando, además, miles de inmuebles fueron inscritos por la Iglesia católica en fraude de ley antes de que la reforma de Aznar ampliara la inconstitucional prerrogativa a la inscripción de templos de culto, considerados hasta ese momento bienes de dominio público.
La Coordinadora Recuperando, que incluye a una veintena de colectivos ciudadanos de todo el país, exige además que la acción del Gobierno no se limite a hacer público el listado, sino que busque fórmulas jurídicas y legislativas que permitan el cumplimiento efectivo de la sentencia de Estrasburgo y la reversión del patrimonio indebidamente apropiado. Así lo solicitó el colectivo ciudadano en dos iniciativas parlamentarias presentadas ante el Congreso de Diputados el pasado febrero. Recuperando pide una solución global al expolio practicado por la Iglesia, que evite la reclamación individual de los miles de bienes inmatriculados, lo que supondría un alto coste, un calvario judicial inadmisible y la indefensión ciudadana, ya reprobada por el Tribunal de Estrasburgo.
La Iglesia católica ha inmatriculado de forma irregular miles de bienes de toda índole, entre ellos, fincas, casas, plazas públicas, cementerios, huertos y un inmenso patrimonio cultural, cuyo símbolo más conocido es la Mezquita Catedral de Córdoba. La rectificación del Gobierno se ha producido gracias a la presión ciudadana y demuestra que su reiterada negativa a facilitar el listado se basaba en falsedades y pretextos que únicamente perseguían proteger los intereses de la jerarquía católica.
La marcha atrás se ha hecho pública en respuesta a una proposición no de ley presentada en febrero por el PSOE y respaldada por la mayoría de grupos parlamentarios. En esa PNL se instaba al Gobierno a «reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia, si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material». Ese mismo texto subrayaba que hasta la reforma de 1998 «los templos destinados al culto católico quedaban fuera del registro de la propiedad al considerarse bienes de dominio público (…), que no se adquieren por la posesión en el tiempo».
La Coordinadora Recuperando ya solicitó en febrero pasado ante la Comisión de Peticiones del Congreso la creación de una comisión que estudie la aplicación de la sentencia de Estrasburgo, verifique los títulos de dominio presentados por la Iglesia católica y delimite cuáles han sido inscritos de forma incorrecta.