Adolfo Pérez Esquivel.- El gobierno democrático de Brasil cayó bajo la intriga palaciega de diputados y senadores, la complicidad de sectores jurídicos y empresariales. El Parlamento criminalizó un acto de gobierno público y legal que habían utilizado otros gobiernos y, sin que hubiese un delito comprobado -como exige la Constitución-, destituyó a Dilma Rousseff.
Se aplicó la metodología de “Golpe de Estado Blando”, ya experimentado en Honduras y Paraguay, abriendo una seria advertencia a actuales y futuros gobiernos del continente que intenten ampliar márgenes de soberanía y aumentar la distribución de ingresos hacia los pueblos.
En mi reciente viaje a Brasil pude hacer lo que varios organismos internacionales no pudieron: me reuní con la presidenta, los senadores oficialistas y opositores, con el presidente del Supremo Tribunal Federal, el Secretario General de la Conferencia Nacional de Obispos y los movimientos sociales. Los detalles los publiqué en Folha de S. Paulo. Esto me permitió una mirada lo suficientemente amplia de lo que ocurre allí como para saber que hay sectores que no tienen intenciones de resolver la actual crisis política y económica, sino navegarla para dirigirlo todo, sin más permiso que el que ellos mismos se otorgaron.
Luego del desplazamiento de la presidenta, el Secretario General de UNASUR dijo que “pone en riesgo la estabilidad democrática de la región”; el de la OEA consideró que genera “inseguridad jurídica” y elevó una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; El Salvador desconoció al gobierno interino y llamó a su embajadora; los países de la alianza ALBA integrada por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia dijeron que se trató de un “golpe”; y Chile y Uruguay mostraron su “precupación”.
El primer gobierno en reconocer el golpe y pedir que se “respete el proceso institucional” fue el de Mauricio Macri, en sintonía con el pedido de la administración de Barack Obama de “confiar en las instituciones brasileras”.
Domesticar a gobiernos y recolonizar América Latina es el objetivo. Lo que la derecha no logra conseguir por las urnas, buscará alcanzarlo mediante la destitución ilegal de presidentes, la privatización de empresas del Estado, y la entrega de recursos naturales.
No soy de creer en las casualidades. Según documentos revelados por Wikileaks, el actual depositario de la presidencia, Michel Temer, fue colaborador de la inteligencia norteamericana entregando documentos sensibles a su embajada. Y la actual Embajadora de Estados Unidos en Brasil es la misma que estaba en Paraguay cuando se realizó el golpe destituyente a Lugo.
Por su parte Temer ya anunció sus próximas medidas económicas no votadas por el pueblo de Brasil: aumentar impuestos, “privatizar todo lo que se pueda” (sic), y reducir el gasto público y social. Para eso conformó un gabinete que confirma sus prioridades: no hay ninguna mujer, ningún indio, ni mulato. Todos hombres blancos y millonarios. Incluyendo al mayor vendedor de soja del mundo como responsable del Ministerio de Agricultura, y muchos involucrados en graves casos de corrupción que se supone vinieron a combatir.
Ninguna Democracia ni gobierno electo es perfecto. Pero no podemos permitir que grupos conspiradores violen la Constitución en nombre de su defensa. Toda Democracia es perfectible si cuenta con participación social. Hoy está en cuestionamiento la democracia delegativa, donde el pueblo vota, queda por cuatro años en estado de indefensión, y los gobernantes hacen lo que quieren y no lo que deben. El desafío actual es pasar a la democracia participativa, donde la sociedad decida sobre los grandes problemas que afectan al país, en vez de los grandes núcleos de poder económico internos y externos. A los pueblos de Nuestra América nos queda la resistencia social, cultural y política para defender los derechos de todos, incluidas nuestras democracias.