Catalina de Erauso | El bulo periodístico como tipo penal a debate
Cuando no hace muchos años la gente quería informarse de lo que ocurría a nivel nacional o internacional, compraba el periódico a sabiendas de que había marcadas diferencias entre unos y otros por pertenecer a diferentes órbitas editoriales. En esos tiempos no tan lejanos, el relato de los hechos resultaba ser similar si bien, la interpretación de los mismos podía diferir sustancialmente de unos periódicos a otros. No obstante, los hechos relatados se ajustaban en la medida de lo posible a la realidad. Si el periodista cometía un error con los datos, rectificaba en una edición posterior. ¡Qué tiempos aquellos porque para los que recién salían de las dictaduras, estar informado era sinónimo de participar en la germinación de la democracia!
De un tiempo a esta parte, las noticias inexactas, falsas o bulos han aumentado tanto que el lector ya no sabe si lo que lee o ve es una información cierta o no, si esta está en formato escrito o viene enmarcada en un telediario. Cualquiera que lea una novela, sabe a ciencia cierta que se trata de un relato ficticio. Con las noticias de hoy en día siempre queda la duda. La propia incertidumbre nos hace reflexionar sobre la credibilidad de la prensa escrita y, ante la duda, mucha gente ha optado por no informarse en esas fuentes. Algunos han decidido no informarse, lo cual es un drama. Los bulos no son nada nuevo. Se sabe que Octaviano lanzó una campaña de desinformación contra su rival Marco Antonio. Y que Hitler desencadenó la segunda guerra mundial con aquel fatídico “es wird zurückgeschossen”, contraatacamos.
Lo mismo pasa en el ruedo político nacional e internacional a día de hoy. Partidos políticos y el lobby del poder tienen enorme interés por ocultar datos desfavorables destacando otros menos relevantes, pero más favorables para lograr sus objetivos, cualesquiera que estos sean. Lo grave del asunto es que ya no son esos poderes fácticos los que divulgan esas falsedades, sino que hay diarios que cuelan gran cantidad de bulos entre sus noticias que se hacen virales, tal vez por orden de esos mismos actores políticos y con dinero público. En el caso de España, se sabía que había personas a sueldo del Ministerio de Interior que desinformaban e intoxicaban en virtud del Plan ZEN de los años 80 del pasado siglo, manual para la lucha contra la insurgencia en Euskadi. Hoy día, conocemos algunos nombres de periodistas vendidos de los que prefiero no acordarme. Y muchos lectores parecen no darse cuenta que el negocio del bulo sigue persiguiendo que la ciudadanía tome decisiones hoy de las que se arrepentirá mañana. Después de tantos engaños, los lectores ya no saben a qué periódico acudir para informarse porque en la era de las velocidades supersónicas todo vale para captar el interés del lector y obtener un me gusta y un retuit. Es difícil encontrar periódicos que manejen datos para ilustrar las posiciones que defienden cuando abordan temas esenciales vinculados al bienestar de la ciudadanía. Y si lo hacen, es en muchas ocasiones resaltando datos que no tienen relevancia alguna. O peor aún, resaltan algo para darle una importancia que no tiene, para así ocultar los datos que sí la tienen. Muchos diarios y televisiones se dedican a la intoxicación y a la desinformación en España. Algunos de ellos como OK Diario han sido condenados en innumerables ocasiones por los tribunales por difundir bulos que atacaban al honor de las personas. Deben tener un amo poderoso porque ahí siguen.
Y recordemos que los bulos son hechos total o parcialmente inventados atribuidos a personas o grupos de personas con una clara intencionalidad, en general, la de perjudicarles de alguna forma en el plano social o laboral. Llama la atención que el concepto de bulo esté ausente en el Código Penal español. Esta conducta viene reflejada en el tipo penal de la infamia o calumnia que recoge la intencionalidad de menoscabar el honor del perjudicado. Ahora bien, el radio de acción del bulo tradicional abarcaba la familia, el grupo de amigos o el lugar donde vivía el afectado porque el medio por el que se transmitía el bulo era el correveidile y necesitaba de un cierto tiempo para que algún multiplicador -con dolo o sin él- recogiese el mismo y lo inoculase en el imaginario del círculo en el que se movía el perjudicado. Para ese tipo de comportamiento fueron concebidos esos tipos penales. Con el advenimiento de la prensa digital y las redes sociales, un bulo soltado aquí puede alcanzar en cuestión de segundos relevancia internacional, es decir se hace viral. Sí, como cuando un virus afecta a miles de personas, animales o plantas y requieren de tratamiento médico para sanarse.
Hace tiempo que los que querían hacer negocio o magnificar el que regentaban eliminando a sus adversarios se percataron de que el bulo periodístico digital les puede allanar el camino. Que después de años se descubra que mintieron, poco importa porque el entramado legal no tiene herramientas para hacer frente a ellas de forma eficiente. Por tanto, tanto juristas, lexicógrafos como periodistas deberíamos empezar por definir y acotar el término de bulo periodístico por el impacto que ocasiona. Porque los bulos convencen a los lectores y electores, desatan acciones judiciales y condenan a inocentes y muchas cosas más. ¿Qué más da que el Tribunal Supremo reconozca a Salutregi, director del diario EGIN clausurado, que el cierre de ese periódico fue contrario a derecho después de que este pasara 7 años en la cárcel en España? La justicia española no se ha dignado a repararle ni el daño económico ni el moral, ni a él ni a las 300 personas que perdieron su modo de vida con ese periódico.
Por tanto, hay que debatir qué hacer contra el bulo periodístico que llega a muchos lectores. Los lectores bien documentados saben que lo que leen en un momento determinado es un bulo y no le prestan mayor atención. Pero el objetivo de los buleros es llegar a los lectores menos documentados. Y lo consiguen. Considero que el legislador debe incluir este tipo penal en el Código Penal para poder proteger de forma efectiva el derecho a la información de la ciudadanía. Se me ocurre que el bulo periodístico debe ser recogido en el Código Penal y debe ser objeto de sanciones severas porque ataca a los fundamentos mismos de las democracias modernas porque enturbian el derecho de información. Considero que las sanciones pecuniarias no surtirían ningún efecto porque OK diario ha sido sancionado en numerosas ocasiones y ahí sigue. Su amo paga religiosamente las condenas. Ni retirar el bulo lograría que los lectores tuviesen conciencia que lo que recuerdan resultó ser un bulo. La sanción por la que abogo es obligar a aquellos que divulgan bulos a publicar la sentencia acompañada del bulo en la portada tantos días como el periódico movió el bulo por redes. En las plataformas digitales, los condenados deberían retuitear bulo y sentencia tantas veces como el bulo hubiese sido retuiteado, con la misma frecuencia y en la misma franja horaria. No soy del ojo por ojo, pero opino que en el caso del bulo periodístico surtiría el efecto deseado. Y sé que la caverna mediática me acusará de que quiero que vuelva la censura. Solo quiero que vuelva la cordura en el periodismo.
Verían ustedes qué pronto se terminaba el negocio de las granjas de troles y perfiles automatizados programados solo para retuitear determinadas noticias.
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