Marcel Lhermitte | La política, la palabra y la razón
Expectativa. Mucha expectativa me generaba ver el documental sobre Pepe Mujica que realizó el cineasta bosnio Emir Kusturica. Recuerdo cuando lo realizó, no porque estuviera presente, sino porque era el comentario en algunos de los pasillos que transitaba entonces. ¡Estaba Kusturica en Uruguay! Éramos circunstancialmente parte de ese mundo de famosos alternativos.
Decepción. Un poco de decepción luego de ver el documental. Siempre sucede lo mismo, cuando las expectativas están tan altas no hay trampolín que te impulse hasta esa altura. Es ley. No es que el producto sea malo, sino que no constituye un nuevo aporte, aunque sí reafirma algunos de los conceptos que Pepe ha sostenido a lo largo de su vida, entre ellos que “lo político está por encima de lo jurídico”.
La sentencia, muy criticada la primera vez que la dijo, adquiere un valor muy grande en estos últimos días e invita a la reflexión, más allá de las pasiones coyunturales y de políticos de ocasión. En España –parafraseando a la ministra de Hacienda y portavoz del nuevo gobierno, María Jesús Montero– la política se ha escondido detrás de las togas en el conflicto independentista. Una disputa a todas luces política que el gobierno español trató de zanjar primero con la fuerza de la represión y posteriormente con una sentencia judicial.
Hoy la nueva administración de la coalición PSOE – Unidas Podemos ha decidido tomar el camino de la política y del diálogo, para cerrar el capítulo judicial que hasta el momento solo había aumentado las diferencias con los independentistas catalanes.
Si bien el conflicto en Cataluña ha tomado gran relevancia, existen otras iniciativas independentistas en Europa, América Latina y el mundo entero, en donde la política debe actuar y la comunidad internacional no puede hacerse la distraída. Los casos abundan.
Lo político también debe actuar en forma más activa en los conflictos con los pueblos originarios en América Latina, a quienes se sigue castigando innumerables veces con argucias judiciales para que se adapten e incorporen en un sistema que no forma parte de su tradición y que les fue impuesto a la fuerza.
Por el contrario, cuando lo jurídico se impone a lo político nos encontramos con casos de lawfare, tan de moda en estos últimos años y que le han hecho un gran daño a las democracias, a los pueblos y a los sistemas políticos del mundo.
El más famoso sin dudas es el caso del juez Sergio Moro –actualmente ministro de gobierno– que encarceló a Lula da Silva con el objetivo de despejarle el camino presidencial a Jair Bolsonaro; o el caso de Jean-Luc Mélenchon en Francia, acusado de rebelión, aunque en el fondo se encuentra la intención de obstaculizar su carrera hacia la jefatura del Estado.
La política, en el buen sentido de la palabra, tampoco está arriba de la mesa en Latinoamérica cuando se reprime, tortura y encarcela a manifestantes que reclaman por sus derechos en muchos de los países de la región.
Por eso es que hoy adquiere mayor valor que, al menos en España, se dé un caso en donde prime la importancia de la política y el valor del diálogo para superar un escollo social que se pretendía dirimir ante tribunales.
La palabra y la razón se devalúan cuando la apuesta es a los correctivos jurídicos e institucionales, que en esas circunstancias pocas veces solucionan algo y que, por el contrario, traen aparejados la fractura social, el dolor ciudadano y a veces el deceso de nuestra gente.
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