Germán Gorriz | ¿Se avecina una ofensiva recentralizadora por parte del Gobierno español?
El puzzle inconexo del caos ordenado puede esbozarse mediante la llamada «Teoría de las Catástrofes» del científico francés René Thom y se basaría en dos conceptos antinómicos para intentar «comprender el orden jerárquico de la complejidad biológica». Así, el concepto de estabilidad o equilibrio se refiere a un sistema que permanece estable aunque registre un cambio, principio que trasladado a la esfera política se traduciría en la Reforma del Régimen del 78 sin alterar sus principios esenciales (Monárquico, jacobino y neoliberal), tesis que defenderían los partidos del establishment dominante del Estado español (PP, PSOE y Ciudadanos).
En la orilla antónima, encontramos el concepto de cambio cualitativo o discontinuidad que se produce cuando simples cambios cuantitativos pasan a ser otra cosa diferente y el sistema se transforma internamente de modo radical en una nueva realidad que modifica su situación de equilibro interno y se crea una situación nueva (Estado Confederal), tesis defendida tan sólo por los grupos independentistas vascos y catalanes y que es asociada por el aparato mediático del sistema dominante con el advenimiento del caos.
¿Pacto de Estado PSOE-PP?
El actual sistema dominante o establishment de las sociedades occidentales utilizaría la dictadura invisible del consumismo compulsivo de bienes materiales para anular los ideales del individuo primigenio y transformarlo en un ser acrítico, miedoso y conformista que pasará a engrosar ineludiblemente las filas de una sociedad homogénea, uniforme y fácilmente manipulable mediante las técnicas de manipulación de masas. En consecuencia, la estrategia electoral de Pedro Sáchez se basará de nuevo en sibilinas promesas de aumento del techo de gasto autonómico, subidas salariales a funcionarios y jubilados así como reducciones fiscales al estar la sociedad española integrada por individuos unidimensionales que no dudaron en primar el «panem et circenses» frente al vértigo que suscitan las utopías.
Sin embargo, la previsible negativa de Pablo Iglesias a facilitar la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno forzará a la mass media del establishment a inciar la cruzada mediática para presionar a Albert Rivera y convencerlo «en aras del interés general de España» de las bondades de un Pacto de Estado PSOE-PP.
En esta coyuntura, el PP estaría revisando su actual estrategia política para incorporar a su bagaje político la llamada inteligencia maquiavélica, consistente el uso de comportamiento cooperativos o combativos que le puedan reportar mayores posibilidades de adaptación en función de una situación concreta. Asimismo, la inteligencia mediática se distingue por una extraordinaria capacidad para encontrar las debilidades ajenas y utilizarlas en beneficio propio así como de realizar acciones complejas que pueden no ser entendidas en un principio por sus votantes pues sus metas se proyectan hacia un futuro mediato.
Así, no sería descartable que Pedro Sánchez lograra ser investido como Presidente del Gobierno tras el 10N al contar con la abstención del PP, fruto del Pacto de Estado PP-PSOE que se estaría ya tejiendo entre bambalinas. Dicho acuerdo contaría con las bendiciones del establishment financiero y tendría como objetivo último el retorno del Bipartidismo PSOE-PP y asimismo, posibilitará futuros acuerdos de Estado entre PP y PSOE como la implementación del 155 en Cataluña en el supuesto de Declaración Unilateral de Independencia por el Parlament catalán.
¿Se avecina una ofensiva recentralizadora por parte del Gobierno español?
El nuevo Pacto de Estado PSOE-PP supondrá la instauración de una nueva Doctrina autonómica que consistiría en la implementación de un Estado basado en el sui generis «café para todos» y que sería un misil en la línea de flotación de la pervivencia de los regímenes forales diferenciados vasco y navarro y su capacidad auto-gestionaria. Dicha ofensiva recentralizadora supondrá la congelación «sine die» de las trasferencias pendientes en Cataluña, Navarra y en Euskadi así como la implementación del recurso sistemático ante el Tribunal Constitucional de leyes aprobadas en los tres parlamentos citados, basándose en el artículo 161.2 de la vigente Constitución que señala que «el Ejecutivo central podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA». Ello supondrá «de facto» vaciar de contenido las competencias legislativas del Parlamento Catalán así como de los Parlamentos forales vasco-navarros, medidas restrictivas que podrían convertir a Cataluña, Euskadi y Navarra en autogobiernos devaluados, enconsertados y sometidos a los dictados del Gobierno Central o Tribunal Constitucional de turno, lo que podría desembocar en la apertura del Frente del Norte contra la regresión centralista del Gobierno de Madrid así como en la re-edición del Octubre del 34 en Cataluña.
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