Catalina de Erauso | Entrevista a Jabier Salutregi
Jueces y juicios
Usted siempre ha mantenido que no existió ningún vínculo entre EGIN y ETA. ¿Por qué lo condenaron entonces? ¿Con qué pruebas? Después que el TS dictase que el cierre de EGIN fue contrario a derecho, ¿por qué no lo excarcelaron a usted inmediatamente? ¿Cuántos años ha estado en la cárcel después de la sentencia absolutoria del TS? ¿Cuánto dinero han costado todos los procesos judiciales de todos los injustamente encarcelados? ¿Ha resarcido el estado los daños ocasionados a la empresa editora de EGIN, a sus propietarios y a sus trabajadores?
Siempre he mantenido que EGIN únicamente ha mantenido un vínculo fuerte y real con sus lectores, con un amplio sector del pueblo vasco que es el que configura la izquierda abertzale y otros que corresponderían a gente de izquierdas y progresistas. Dicho esto, queda también explicitado que EGIN no mantenía vínculos extraños que le “dictaran” su línea editorial ni que le condicionaran sus decisiones profesionales, el periódico era autónomo y siempre atendía a los compromisos que le había encomendado la asamblea de coopartícipes de Orain SA que fue la que dio forma al proyecto informativo.
Mi condena estaba basada en meras suposiciones, a mi modo de ver extremadamente ridículas. Según el fiscal, ETA me habría nombrado director de EGIN tal y como supuestamente se atestiguaba en un documento intervenido a esta organización.
Quedó demostrada su falsedad, a modo de gran ¡Zasca! monumental en el transcurso del juicio, dado que ese supuesto documento en el que se indicaba de manera ambigua la posibilidad de nombrar “un director”, de no se sabe qué negociado, estaba datado dos años después de que yo estuviera en la dirección de EGIN. La propia Guardia Civil, pillada en este enorme error, hubo de desdecirse ante el tribunal y aceptar que ese documento no se refería a mí.
Esta acusación que se disolvió de inmediato, estaba apuntalada también en el hecho de que un año y medio antes de mi nombramiento, agentes de la Guardia Civil me detectaron cuando fui a realizar una entrevista con portavoces de ETA en una localidad de Iparralde. Casi dos años después de esta entrevista fui nombrado director de EGIN, y después de seis años más en el cargo esta entrevista fue utilizada como indicio suficiente para acusar de vinculación entre EGIN y ETA. Así que el mero hecho de realizar una entrevista quedó como algo suficiente como para establecer toda una relación orgánica.
Pero hay que tener en cuenta que desde el principio, tanto Garzón como el resto de jueces implicados en el caso, andaban ciegas y a sabiendas de que el asunto era difícil de sostener. Aún así las presiones ejercidas desde el Gobierno Aznar debieron pesar lo suficiente como para que primero Garzon y después toda la ristra de jueces posteriores se lanzaran a la piscina y ordenara el cierre y nuestra detención. Dicho de de otra manera, Garzón justificó en principio la “operación Persiana” en virtud de que ETA aportaba dinero a las arcas de EGIN, al objeto de sostenerlo económicamente; posteriormente, y dado que esta acusación era insostenible, alteró el orden y cambió la acusación: es EGIN quien aporta dinero a las arcas de ETA para que la organización se sostuviera económicamente. A la vista de que esta segunda acusación resultó igualmente insostenible, el juez Garzón se desdijo y cambió por completo el argumento. Según él, EGIN no tenía intención de pagar su deuda a la Seguridad Social y, además, se encontraba en quiebra dolosa.
Pues bien, no acertó ni una. Durante el juicio se descubrió que EGIN había negociado y aceptado el pago a la Seguridad Social y que, asimismo, en el momento del cierre no se encontraba en situación de quiebra de ningún tipo.
Y a pesar de que todas las acusaciones fueron cayendo una a una, por una falta de verosimilitud absoluta, la sentencia se cumplió tal y como estaba previsto. En aquel momento el periódico estaba cerrado y era ilógico y, cuando menos grotesco, que el director de un medio cerrado a bombo y platillo anduviera correteando libre por las calles de Euskal Herria clamando por la libertad de expresión. Creo que esto fue suficiente motivo para mantenernos a todos los directivos de EGIN en la prisión. Después, cuando el Tribunal Supremo suspendió el cierre, ya llevábamos unos cuantos años de cárcel y revisar el caso no fue posible. Además, para el Poder hubiera sido un escarnio el tener que sacarnos a la calle, por lo que, supongo, los jueces no nos hubieran dejado en libertad en ningún supuesto. Habrían encontrado cualquier floritura judicial para mantenernos dentro, so pena de dejar al Gobierno y a la Audiencia Nacional con el culo al aire.
Así que, después de condenarme a 12 años y medio en primera instancia por la señora Angela Murillo, y tras serme rebajada la pena a 7 y medio por el Supremo, me pasé estos años en el interior de las tripas de un Estado que no acepta la discrepancia y se olvida de la democracia cuando se le cuestiona minímamente. He decir a este respecto, que la petición final del fiscal ante el tribunal presidida por Angela Murillo, fue de siete años y medio; no obstante, en una decisión no habitual en la Audiencia Nacional, a la hora de dictar sentencia, un nuevo fiscal, que sustituyó al entonces acusador Antonio Molina, elevó las peticiones y la citada señora sentenció, en todos los casos, unos cuantos años más. En concreto, a mi me encalamó otros cinco años más. Menos mal que para al Supremo le resultó un poco demasiado.
Psicológicamente, es cierto, supuso un alivio pasar de 12 y medio a 7 y medio, pero, un tiempito después te das cuenta que, finalmente, te habían caído los 7 y medio solicitados con todo rigor y que el Supremo, aparentemente, se presentaba como un tribunal generoso.
Fueron dieciséis meses de juicio que se convirtieron en una verdadera tortura, toda vez que nos obligaron a estar presentes a todo el sumario, con sus diversas piezas diferenciadas y diferentes (podíamos perfectamente haber asistido cuando se enjuiciaran nuestras respectivas piezas del sumario). Estaba visto que querían presentar ante la opinión pública una permanente foto de un macro-juicio al estilo “mafia” y por mor de ello, nos mantuvieron 16 meses, cuatro días a la semana, en Madrid asistiendo a miles de horas de un juicio que estaba perdido ya de antemano. Esto, amén de suponernos un esfuerzo físico notable, psicológicamente fue muy duro de sobrellevar. Unicamente lo pudimos superar por la enorme voluntad de aguantar lo que nos echaran y por la fuerza de nuestras convicciones y el brío que pudimos imprimir a nuestras relaciones humanas. Durante este periodo se forjaron y se reforzaron las amistadas y el cariño entre todos los encausados. Acabamos más fuertes de lo que comenzamos, aunque económicamente no.
El costo personal fue grande, y no le anduvo a la zaga el económico. De hecho alguien bautizó aquello como “18/98 El juicio más caro del mundo”, definición que se explotó publicitariamente bajo una cartulina que recordaba a un conocido turrón navideño, cuyo eslogan era precisamente “1888. El turrón más caro del mundo”. El mero traslado y estancia de más de cuarenta y cinco personas todas las semanas durante 16 meses, así como la asistencia letrada de no menos de diez abogados, la pérdida de algunos puestos de trabajo de varios de los encausados, encierre temporal de algunas pequeñas empresas y los descuentos en la nómina de otros por su ausencia durante cuatro días a la semana, elevaba a un monto enorme las pérdidas económicas que no puedo precisar.
Una montaña de dinero que nunca ha sido resarcido por el Gobierno. En el caso concreto de EGIN, la sentencia del Supremo, declarando la imposibilidad de cierre del periódico no supuso absolutamente nada. Ni el juez Garzón fue acusado de prevaricador, tal y como había quedado demostrado, ni el rotativo de Hernani fue devuelto a sus dueños con las mismas características físicas de producción viable, tal y como se lo encontraron los trescientos policías armados el día de su cierre.
A día de hoy, el periódico EGIN, que se encontraba a cargo de un administrador único nombrado por la Audiencia para que cuidara de su mantenimiento, se encuentra desvencijado, convertido en un montón de escombros, lleno de excrementos de ratas, con las paredes abombadas, los techos medio caídos, la rotativa arrasada por el óxido. En su interior crece la maleza que lo está invadiendo todo. Algunos ordenadores y distinto mobiliario yace allí acumulando varias capas de polvo… en fin, es la perfecta imagen de la libertad de expresión en el Estado español y de cómo cuida ese derecho la Administración central.
Y para cerrar el círculo del oprobio, hoy día, nadie sabe a ciencia cierta cuál es la situación jurídica del cadáver de EGIN. Nadie sabe decir qué futuro tienen las instalaciones del periódico, dado que se encuentra en una especie de limbo que nadie quiere abrir sus puertas. De este modo, la cola de los que esperaban cobrar sus deudas producidas por el cierre, sigue en pié. La deuda de la Seguridad Social se la han adjudicado a una de las empresas hermanas a Gara, por un supuesto de seguimiento empresarial, algo que es inaudito ya que hay que tener en cuenta que el cierre de Egin, y con ello la imposibilidad del pago a la Seguridad Social, se hizo de manera ilegal, por lo que está fuera de toda lógica que una deuda impagada por una actuación errónea de la Administración, tal y como dictaminó el Supremo, pueda ser adjudicada a otra empresa legalmente constituida. Pero, como decía el asesino en serie Jarabo, “España y yo somos así señora”
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