Catalina de Erauso | Entrevista a Jabier Salutregi 3
Los demás medios de comunicación ante el cierre de EGIN
¿Cuál fue la reacción de los demás medios de comunicación al conocer el cierre de EGIN? ¿Hubo alguien que sí levantó la voz¿Cómo valora el hecho de que el entonces Ministro de Interior Mayor Oreja convocara a los directores de los grandes periódicos revelándoles que EGIN iba a ser cerrado? ¿Separación de poderes ?¿Qué opina de todos esos periodistas que entonces callaron y siguen callando después de la sentencia absolutoria del TS en 2009? ¿Y de todos aquellos que criminalizaron a EGIN hasta 2009?¿Se contemplaba de manera tácita o implícita el acoso a medios díscolos en el plan ZEN, manual que estaba en todas las comisarías y cuarteles y ha sido extraviado?
Los medios de comunicación españoles, y con esto incluyo a los de ámbito de Euskal Herria, reaccionaron como tenía previsto el Gobierno de Aznar. No se alteraron mínimamente, al menos de cara a la opinión pública. Todos ellos, salvo la sorprendente excepción de Luis María Ansón, director entonces del ABC, se aferraron con inusitada fuerza a los argumentos jurídicos esgrimidos por Baltasar Garzón y avalados por el Gobierno de Aznar. O, mejor dicho, argumentados por el Gobierno y ejecutados por Garzón y que en años posteriores se fueron diluyendo como los azucarillos. Lamentablemente demasiado tarde, algo con lo que ellos contaban, pero que no les importaba, pues la destrucción de EGIN, ya era para entonces historia.
Del mismo modo, las acusaciones con las que el juez sostuvo nuestro ingreso en prisión y que sirvieron posteriormente para condenarnos, eran igualmente insostenibles, tal y como se vieron durante el juicio-farsa 18/98. Un juicio que también pasó sin pena ni gloria para los medios de comunicación españoles que, sin apenas asistir a su desarrollo, simplemente esperaron a que finalizara (fueron 16 meses de juicio oral, algo similar a una tortura), para dar la noticia de nuestras condenas y dar carpetazo a algo que ya sabían cómo iba a terminar. No hubo ninguna crónica (salvo las excepciones de siempre, y Javier Ortiz que en gloria esté) que cuestionara levemente a las acusaciones, a pesar de no existir prueba alguna que sostuviera las acusaciones que se nos atribuía. En este sentido, en varias ocasiones he retado públicamente a que, quien lo desee, escarbe en toda la documentación judicial y policial sobre el cierre de Egin y, si puede, que formule una acusación fehaciente.
La falta de argumentos judiciales para efectuar el cierre de EGIN queda afianzada también por el hecho, ni confirmado pero tampoco negado, de que el ministro del Interior de aquel gobierno de Aznar, Jaime Mayor Oreja, convocara a los directores de los medios de comunicación hispanos para “aleccionarles” y anunciarles que se iba a proceder al cierre del periódico días antes de que sucediera y de que el juez lo decretara. Nadie rechistó, amén de que los directores de estos medios guardaron un sepulcral silencio sobre lo que venía. Ningún responsable de estos medios se planteó que lo que se pretendía hacer era una operación absolutamente ilegal, anticonstitucional, antidemocrática y que rompía con todos los derechos de la libertad de expresión, de información y de ser informado.
Y esto, desgraciadamente, es la fotografía de los medios de comunicación hispanos: están domesticados y al servicio del poder, son acríticos con él, se pliegan tan absolutamente a él que asumen sin rechistar, el callar, el jalear y aceptar, si se tercia, secundar dócilmente ilegalidades que revientan en plena línea de flotación de su cometido en el mundo: la libertad de informar.
Comprobado que“el cuarto poder” es un simple dedito del poder real (Ibex35, Partitocracia, Ejército, Judicatura…) que también es llamado el “estado profundo”, está claro que la separación de poderes, al margen de los rocambolescos protocolos existentes para elegir al CGPJ, a los jueces del Supremo y del Constitucional, es un despiporre en el Estado español. No creo que en el Estado español haya una sola persona con un mínimo de sentido común que crea en la separación de poderes. Existen, esto sí, muchos personajes que sostienen con vehemencia su existencia, pues son los muchos casos en los que el sistema político hispano se derrumbaría si no se defiende. Aún sí, las situaciones antidemocráticas les supera y les rebasa: tema catalán, la corrupción de la monarquía, de los partidos, las sentencias de la Audiencia Nacional contra la libertad de expresión, las ridículas condenas machistas y un largo etcétera.
Y todo esto genera un caldo de cultivo para que el periodismo español se vaya cubriendo con mayores cantidades estiércol.
En el caso de EGIN, fueron pocos, muy pocos los profesionales que levantaron la voz en contra de la barbaridad cometida. Es comprensible, puesto que quien elevara el tono se jugaba el puesto de trabajo, cuando no el oficio para toda su vida; no obstante, puntualmente, algunos, además de las excepciones habituales, sí lo hicieron. Curiosamente recibí una llamada de un miembro de la Federación de Periodistas de Donostia, para solidarizase personalmente conmigo, pero de forma clandestina, pues me pidió que no lo dijera en público y que su apoyo no era, en modo alguno institucional.
Lo peor de todo fue, sin embargo, la falta de reacción por parte de los periodistas (existe como antes he dicho una federación colegiada de periodistas) ante el dictamen del Tribunal Supremo por el que rechazaba de plano el cierre del periódico. No hubo ningún movimiento, ni ningún llamamiento por parte de los profesionales de la información para que el Gobierno enmendara el entuerto. No hubo un requerimiento, una desaprobación, una exigencia de responsabilidades por parte de los periodistas para que la barbaridad cometida (nada menos que el cierre de un periódico), fuera de algún modo enmendada, fuera reconocida la salvajada, no sé,¡algo! Pero no hubo nada. Los periodistas españoles no saben ni cómo defender su profesión.
Quizás el “desaparecido” plan ZEN, o el espíritu del general Casinello, revolotee por las redacciones de los medios de comunicación hispanos. Una vez que ya fue conocido este plan, los medios de comunicación se lo aprendieron de memoria y lo ponen en práctica a nada que vean en peligro cualquiera de los nervios del Estado. No hace falta decirles ni media palabra más alta que otra, las redacciones tienen interiorizada hasta dónde llegan sus atribuciones profesionales y dónde comienzan las labores de defensa de un sistema político que está en trance de descoserse por las cuarto esquinas.
Curiosamente, y todavía hace muy pocas fechas, en ETB difundieron un reportaje sobre el cierre de Egin, en el que, entre otros, me hacían una entrevista. Vaya por delante que el reportaje constituyó para mí una agradable sorpresa, pues era el primero y único que se hacía bajo ese extenso formato. El hecho de que se rescatara el tema, veinte años después del cierre no deja de ser sintomático de que se cumplía un redondo aniversario de un acontecimiento, como mínimo, controvertido y cuestionado y que daba visibilidad de un atropello, acompañado de imágenes de una rotativa derrumbada y convertida en un montón de escombros que rompía el alma y hablaba por si misma de la fechoría.
No obstante, el reportaje difundido quedó cojo y manco. Fue un reportaje que se destacó por el tema, pero falló, estrepitosamente en el fondo. Salió muy light y rodea de melancolía, exento de crítica. Al menos la crítica que yo expresé ante las cámaras y que, como ya suponía, iba ser cercenada.
Salió cojo de argumentos, al menos los míos, que apuntaban a dos personajes que destacaron en la criminalización del periódico y que se señalaron como los mejores defensores del cierre de EGIN: José Antonio Ardanza y Juan María Atutxa.
Estos dos sujetos, (dos hombres y un destino: el olvido de su pueblo cuanto antes) llevaron a cabo una enorme operación de acoso y derribo contra EGIN, como si el periódico fuera el autor de sus pesadillas. El primero llegó a afirmar, sin que se le cayera la jeta de vergüenza, que Egin se debía “cerrar por higiene democrática”. Frase con la que claramente estaba invitando a quien tuviera la potestad suficiente a que procediera a nuestro cierre.
Y el segundo, no contento con solicitar a la ciudadanía que “no se compre EGIN” (¿cuándo se ha visto que un consejero de un Gobierno haga pública semejante solicitud?), se dedicaba a publicar afirmaciones fascistoides y antidemocráticas como “la lectura de EGIN emborrona la mente”, y acusaciones criminalizadoras en las que aseguraba que el periódico era en realidad “una bomba de 52 gramos de amosal”. Asimismo, desde su consejería de Interior, desde el Gobierno de Lakua, se nos retira toda publicidad institucional en contra de toda la normativa que especifica los módulos publicitarios que debe ir a los medios según su difusión.
Pues bien, esta denuncia expresada en síntesis, eran parte de las declaraciones que realicé en el citado reportaje de ETB y que no salieron en antena.Sin embargo, esto, con no estar bien, no fue lo peor en mi opinión. Y me explico.
Un reportaje sobre EGIN, realizado después de 20 años largos de su cierre, también resultaba manco si en él no se incluían al menos tres importantes entrevistas de tres personas, hoy por hoy, accesibles para un medio como ETB: José Antonio Ardanza, Juan María Atutxa y Baltasar Garzón, y quizás un cuarto: Jaime Mayor Oreja.
¿Por qué no se les hizo una entrevista a los citados sujetos? Las preguntas surgirían solas. Los tres estuvieron directamente relacionados con el cierre del periódico, acontecimiento que era el tema central del reportaje y se les hubiera dado una oportunidad de poder justificar y explicar su versión sobre el hecho en sí, así como razonar sobre los epítetos, calificativos y acusaciones homologadas al rotativo y, cómo no, el porqué la operación de acoso emprendida en su contra. Pero estas cosas todavía no pueden entrar en ETB. ¿Por qué será? (pregunta retórica, claro está).
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