Iñaki Gil de San Vicente.- Una de las debilidades del reformismo es su pueril engreimiento consistente en menospreciar la capacidad de previsión estratégica del Estado. Desde hace años circula el chiste sobre el oxímoron de la «inteligencia militar» como supuestamente incompatible en sus dos términos. Es una frivolidad sostener que es imposible la «inteligencia militar» porque ambos términos son irreconciliables. La historia demuestra lo contrario, y también lo confirma el objetivo de la petición fiscal de 375 años de cárcel para los jóvenes de Altsasu: al margen de lo que decida el subpoder judicial, la primera parte del objetivo buscado ya está cumplida; la segunda parte será la de la sentencia, y la tercera la de la definitiva «normalización social» bajo los efectos de la pedagogía del miedo.
El Estado necesita más que nunca antes reafirmar que sólo él tiene el poder y el derecho de definir lo que es «paz» y lo que es «terrorismo», porque él es la forma política en la que se presenta al exterior la dictadura del capital. En cuanto careta política del capital, el Estado tiene ante todo el deber de asegurar la extracción de plusvalía y su realización en beneficio, en ganancia burguesa para así facilitar la acumulación ampliada. Aquí está el secreto último, y si no lo entendemos o lo negamos porque rechazamos la teoría marxista del Estado, entonces nuestra interpretación de la represión contra la juventud vasca simbolizada en la de Altsasu no pasará de ser una queja llorosa de la aberrante injusticia que está a punto de cometerse. Es cierto que esta queja tiene dosis de razón, pero no llega al fondo del problema por lo que no permite extraer lecciones prácticas; y lo que es peor, abre la ventana por la que pueden colarse tesis como la de la desproporción y el exceso en la condena.
El Estado intensifica la pedagogía del miedo porque sabe que es la única forma de controlar la Gran Crisis que zarandea a las burguesías occidentales, y sobre todo a la española. Excepto el fascismo y el militarismo, todo sistema represivo «democrático» compagina dosis de palo con dosis de zanahoria según las necesidades del momento pero sobre todo en función de sus previsiones de futuro. Desde hace años, la Unión Europea, el Estado español, el capitalismo en su conjunto, prioriza los golpes a las recompensas, centrándose contra la juventud trabajadora, porque, por su situación, es la que más rápidamente puede tomar conciencia crítica sobre su presente y su futuro.
En Euskal Herria, una vez pinchado el globo de la «normalización social» que se lograría con la «paz», etc., reaparece de entre el silencio y la propaganda la realidad cruda y dura de la opresión nacional y la explotación de clase y patriarcal, situación cotidiana que se endurece día a día. Los aparatos del Estado, desde el gobiernillo vascongado hasta los analistas del CNI, son conscientes de que tiende a agrandarse el corte generacional entre el poder adulto y el incipiente poder juvenil, y hacen lo imposible por reforzar el primero y destruir el segundo. Hay que impedir que emerja una conciencia revolucionaria organizada desde el interior de las opresiones estructurales que asfixian el potencial emancipador de la juventud trabajadora. Las condenas que pueden arruinar la vida de los jóvenes de Altsasu, de sus familias y de los amplios y crecientes grupos solidarios, son una amenaza oficial lanzada contra la juventud vasca y por extensión contra el pueblo trabajador en su conjunto.
La conciencia revolucionaria que incipientemente está surgiendo en sectores juveniles surge de la realidad estructural impuesta por el retroceso de la lucha política de clases que logró la burguesía en los últimos años, lo que unido a los efectos de la larga ofensiva neoliberal, ha destruido la fase en la que la juventud podía esperar un futuro menos malo, un futuro con los derechos que habían conseguido sus padres. Esta esperanza ha sido destruida y con ella se han desplomado también las promesas reformistas para este sector de la juventud trabajadora. Los derechos sociales y democráticos están siendo dinamitados uno a uno, incluso los derechos burgueses están siendo recortados. La juventud trabajadora empieza a sentir que ya malvive en la precariedad indefensa, en la incertidumbre empobrecida. Sectores de ella avanzan de esa sensación difusa a otra más concreta, como paso previo a su conocimiento teórico. La burguesía sólo le ofrece represión y austeridad, y el reformismo, significantes vacíos y pasividad parlamentaria.
La ley Mordaza no fue un arrebato de autoritarismo aislado, sino una mejora más de la estrategia, sistema y doctrina represiva pensada para derrotar las inevitables reacciones defensivas -sobre todo juveniles- que sabía que surgirían más temprano que tarde como está sucediendo. Sobre el subsuelo de una personalidad dependiente formada por la educación infantil y juvenil, la precarización laboral y las reducciones en las becas universitarias, actúan como otros tantos medios de intimidación si no son contrarrestados por una sistemática pedagogía revolucionaria. Las presiones afectivas y emocionales de la familia y del poder adulto para que la juventud no se «meta en problemas» refuerzan la densa y flexible red de obediencia que paraliza gran parte de la lucha juvenil. Si estos sistemas fallan, entonces interviene la represión más visible.
Pero la destrucción de derechos está siendo tan arrasadora que estos mecanismos tienden a ser desbordados en franjas juveniles por la fuerza de las contradicciones. Aun siendo globalmente irracional, la burguesía tiene equipos de estudio que sí prevén lo que se avecina. Sin bucear mucho en la prensa especializada, hoy mismo pueden encontrarse como mínimo cuatro informes alarmantes: dos sobre el Estado español que advierten de la fragilidad de la industria turística que ahora mismo es el motor económico fundamental gracias a la sobreexplotación que practica, y del déficit estructural de la fiscalidad española; otro tercero nada menos que del Financial Times sobre los riesgos que siguen existiendo en la economía mundial, confirmando otros muchos estudios de los últimos tiempos; y un cuarto, ahora del tristemente célebre Goldman Sachs, en el que se relaciona la situación actual de los EE. UU. con la crisis de 1929 sugiriendo como únicas alternativas la guerra o la recesión: ambas destruyen fuerzas productivas reactivando así la economía por un tiempo. Pareciera que Goldman Sachs ha leído algo sobre la teoría marxista de la crisis. No debe extrañarnos que así fuese porque el pasado 13 de mayo The Economist, vocero del neoliberalismo más maltusiano, publico la columna de uno de sus más afamados ideólogos reconociendo que Marx tiene mucho que enseñar.
Efectivamente y ciñéndonos sólo al tema que nos ocupa, el marxismo tiene cinco cosas que enseñarnos: Una, que su método sigue siendo el mejor, o si se quiere el que menos se equivoca. Dos, que este método tiene una teoría de la opresión nacional que nos permite descubrir la razón concreta espacio-temporal de la represión de la juventud trabajadora vasca simbolizada en estos momentos en el castigo al pueblo de Altsasu. Tres, que además tiene la teoría del Estado que nos enseña cómo se aplica la ley española contra las naciones que oprime. Cuatro, que también pone a nuestra disposición la teoría de la crisis, que nos explica el por qué se ha llegado a esta situación y qué función juegan las violencias del Estado para descargar sus tremendos costos sobre la humanidad explotada. Y cinco, que nos ofrece la teoría de la organización revolucionaria para luchar con eficaz perspectiva histórica contra el capitalismo.
En lo que concierne a la barbarie que se cierne sobre Altsasu, las cinco aportaciones del método marxista se resumen en dos: aunar fuerzas de toda índole que desbaraten la política del castigo y de la amenaza, y elaborar una estrategia revolucionaria que nos oriente hacia la independencia en el infierno de contradicciones de toda índole que minan al capitalismo.
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