Marruecos: la naturaleza política del Majzen

Sin embargo, esta dependencia no debe ocultar la naturaleza específica del capitalismo marroquí. Este ha evitado cualquier cambio global de las estructuras agrarias y ha desarrollado una verdadera industrialización, manteniendo al mismo tiempo las bases sociales tradicionales de poder en el campo y en las ciudades.

La monarquía en el corazón de la economía

El «sector público» ha permitido la creación de una tecnoburocracia formada y reclutada sobre la base de la lealtad, que se beneficia de las posibilidades de enriquecimiento privado a partir de los puestos que ocupa en el Estado. Parte de la extracción de la riqueza se basa en relaciones extraeconómicas, de clientelismo que se basan en el pacto de protección / lealtad monárquico. Los tecnócratas, los dirigentes de empresas privadas, deben todo a la monarquía, empezando por su estatus heredado, la cooptación o los nombramientos a dedo. El sector público ha sido patrimonio de la fracción hegemónica para hacer crecer sus propios intereses y obtener lealtades.

Una especie de mafia, visible o discreta, se ha apoderado de toda la riqueza, y dirige tanto la economía formal como la informal. El 50 % de la actividad económica está en manos de especuladores, estafadores, redes paralelas y fuera de control. Los ingresos por tráfico de drogas, que se estiman en miles de millones de dólares, juegan un papel importante en la acumulación de riqueza. La corrupción generalizada, el mal uso de los recursos públicos y la manipulación de los mercados, distintas formas de extorsión económica se combinan en una economía informal de lavado de dinero y fuga de capitales. Por no hablar de las «cajas negras» de las grandes empresas que están fuera de control.

En esta economía rentista y mafiosa, el rey tiene control directo, estratégico, en las instituciones públicas, financieras y económicas. La privatización ha dado lugar a la aparición de monopolios privados vinculados a los intereses de la familia real. La Corporación Nacional de Inversiones es la columna vertebral; y representa casi el 20 % del PIB de Marruecos y el 60 % de su capitalización bursátil. Sin contar el presupuesto real, cuyo coste anual es exorbitante: en la actualidad, más de 230 millones de dólares.

La legitimidad del poder se basa en el mantenimiento de la dependencia y la competencia entre los estratos dominantes para que no surja ni una alianza ni un polo fuerte y autónomo. En términos de recursos económicos, patrimonio, conexiones políticas y medios de presión, los ricos deben pasar por la mediación de Palacio. Sin embargo, dicha base es estrecha a la hora de asegurar el dominio de la monarquía, que ha buscado constantemente ampliar su apoyo, sobre todo después de los intentos de golpe militar de 1971 y 1972 (1) . El clientelismo del Estado y privado, un sistema de concesión de licencias en varios sectores económicos, la aplicación de la política de «marroquinización» (transferencia parcial de propiedades coloniales al estado o al sector privado en la década de 1970) han aumentado el número de beneficiarios del sistema.

El poder absoluto y la fachada democrática

La monarquía es el centro del poder. El primer círculo está formado por la familia y el gabinete real, que garantiza el control de los principales actores sociales, económicos y políticos, y es el verdadero gobierno de facto. Un segundo círculo está compuesto por los grandes funcionarios del Estado (militares, cuerpos de seguridad, líderes religiosos, tecnócratas), seguido de las burocracias civiles y políticas, las élites de los medios y la sociedad civil. Otro círculo se apoya en el clientelismo del Estado y privado, que mantiene la lealtad y el control social en todos los niveles de la sociedad.

A finales de la década de 1980, el poder se ha visto obligado a adaptarse a la caída de las dictaduras, al aislamiento internacional tras la publicación del libro de Gilles Perrault Nuestro amigo el rey, y la necesidad de preparar la transición en el trono. Los discursos se centraron en el «nuevo concepto de autoridad y en el «diálogo social» que se han convertido en un leitmotiv. Los «años de plomo» tienen  su narrativa institucional, la oposición histórica accede a los gobierno de alternancia, los presos políticos de la década de 1970 fueron puestos en libertad, la prensa independiente se ha desarrollado … Aparentemente se ha producido una apertura democrática… el tiempo necesario para que el nuevo rey, Mohamed VI, que fue coronado en 1999, pudiera consolidar su imagen y poder. Hassan II afirmó que le había garantizado veinte años de respiro.

Históricamente, el poder ha tratado de desarrollar múltiples legitimidades. Una de ellas, «tradicional», se basa en el poder religioso -el rey es el «Príncipe de los Creyentes» en su condición de descendiente del profeta-, que no se encuentra apoyado en ningún derecho consuetudinario o jurídico. La sociedad está sometida a una relación semifeudal de lealtades que simbólicamente se renueva cada año en la ceremonia de la Beya, un ritual de obediencia proclamada. La autoridad también utiliza la legitimidad «moderna», es decir, burguesa.

El proceso, o la fachada, democrática se ha convertido en una parte esencial de los mecanismos hegemónicos y de subordinación institucional. Se trata de crear estructuras representativas y diversas instituciones para compensar la debilidad de la base social directa de la monarquía mediante la integración de sectores de la clase media y de diferentes tipos de propietarios, a partir de equilibrios políticos, sectoriales y regionales, para garantizar a la monarquía un apoyo sociopolítico, sin que sea directamente dependiente del mismo. La débil autonomía social y política de estos sectores permite una apertura «democrática» que sigue funcionando en circuito cerrado con respecto a la masa de la población.

Pero el gobierno también ha tratado de recuperar cada problema social o político planteado por la sociedad civil o las fuerzas organizadas a través de un tratamiento específico que asocia a algunos de los actores (creación de la Comisión Juventud y Futuro para responder a la asociación de parados, Comité para la integración de la mujer, Comité asesor sobre derechos humanos, Foro nacional de reconciliación por los derechos humanos, el Instituto Real de la Cultura Amazigh…). El proceso democrático se ha convertido en sinónimo de una cooptación ampliada para neutralizar las reclamaciones que surgen en la sociedad y para construir un nuevo clientelismo social y político que amplíe la red de lealtades dependientes, con la construcción de una red en la sociedad civil: sindicatos , redes políticas, religiosas y medios de comunicación.

Política y clientelismo

En esta arquitectura, los partidos no son la expresión política de intereses sociales divergentes. Se limitan a funciones secundarias de selección de élites, bajo la supervisión directa o indirecta del Ministerio del Interior, sin proyecto autónomo. El poder no gobierna con los partidos, sino a través de ellos y de forma independiente de ellos. Esto no quiere decir que todos los partidos son producto del Palacio, pero el Ejecutivo ha impuesto «lí­neas rojas»: respeto de la estabilidad macroeconómica, los ministerios de soberanía, Sahara marroquí­, respeto al monopolio político del trono.

Históricamente, el poder ha construido partidos de todo pelaje para debilitar a los partidos de la oposición, cuando no ha colaborado directamente a su descomposición interna. Al mismo tiempo, aunque los partidos son forzados a una situación de debilidad permanente, acceden a recursos y a rentas políticas que benefician a sus aparatos, sus cuadros y redes clientelares. Las elecciones son una forma para legitimar la hegemonía del poder mediante la reducción del proceso electoral a una simple técnica de cooptación y renovación. La elección de un sistema de votación uninominal, combinado con una remodelación de los distritos electorales que favorece a los partidos con una base rural, evita cualquier polarización de la vida política y hace imposible el surgimiento de un gobierno homogéneo. El partido «ganador» se ve obligado a aliarse con los enemigos de ayer y sus amigos de hoy pueden convertirse en oponentes mañana.

El Parlamento carece de mecanismos de evaluación de las políticas públicas y no participa realmente en el debate sobre el presupuesto o estratégico y sus competencias son mínimas. El Gobierno no puede nombrar a los ministros sin el visto bueno del Poder y no tiene control sobre los llamados ministerios de soberanía (Defensa, Polí­tica exterior, Interior, Asuntos religiosos…). Es el rey quien preside el Consejo de Ministros, disuelve el Parlamento cuando quiere, es el comandante en jefe del Ejército, nombra a los jueces y a los directivos de más de cuarenta instituciones públicas.

Condicionado por el Majzen, el «proceso democrático» permite así generar un apoyo más amplio que la base directa del poder, haciendo al mismo tempo imposible la aparición en el campo institucional de una representación política autónoma de las diferentes fuerzas sociales. Tanto a nivel económico como político, la monarquía se ha asegurado una dependencia y una fragmentación que impide cualquier cuestionamiento o la afirmación de un polo autónomo, si bien ha construido una red de mediaciones entre Palacio y la sociedad. Estas mediaciones son al mismo tiempo un cortafuegos y un canal de cooptación que combina diferentes fuentes de legitimidad en función de los territorios y las capas sociales.

La fachada democrática también tiene una dimensión internacional basada en la supuesta excepcionalidad del régimen que, gracias a su apertura política y económica, habría podido garantizar la estabilidad y contener a los movimientos islamistas. La firma de numerosos convenios internacionales refleja una consolidación de la transición y el control de la oleada revolucionaria de 2011 según este análisis. La aparente estabilidad permite al régimen mantener el apoyo internacional sobre la cuestión del Sahara Occidental, un silencio ensordecedor sobre las violaciones de derechos humanos y proporciona argumentos para atraer inversión extranjera.

Al mismo tiempo, el poder responde a los intereses del imperialismo: la lucha contra la inmigración ilegal, la cooperación en el campo de la «lucha contra el terrorismo», la normalización no oficial con Israel, la participación en la intervención saudí en Yemen, el apoyo al África francesa, la sumisión a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, facilidades para la inversión y la instalación de las filiales de las multinacionales en Marruecos. No es casualidad que se considere al régimen un importante aliado del imperialismo fuera de la OTAN. También exporta la práctica del favoritismo real y de la corrupción para la compra de complicidades políticas y de medios de comunicación a un nivel incomparable con otras dictaduras. El régimen marroquí es sin duda uno de los más apoyados en el mundo y en la región. La reciente celebración de la COP22 en Marrakech es parte de este reconocimiento internacional.

Notas: