Tomás F. Ruiz.- Como consecuencia de este desacuerdo entre instituciones, la ciudad de Cuenca, Patrimonio de la Humanidad, mantiene desde hace más de seis años un enorme socavón de siete metros de profundidad y del tamaño de un estadio de fútbol en una de sus vertientes urbanas más frecuentadas. Por aquí tiene entrada a Cuenca la autopista A-40 que proviene de Madrid.
Las obras se adjudicaron a la empresa Sogecon S.L. en el año 2.010, estando el Consistorio en manos del PP y con Francisco Javier Pulido de alcalde. El proyecto inicial contemplaba la construcción de un parking subterráneo con más de 500 plazas bajo el patio de deportes del IES Alfonso VIII. El arquitecto Francisco Jurado, entonces responsable del ambicioso proyecto, afirmaba que los vecinos verían embellecer su entorno urbano con espacios verdes, pérgolas y hasta adoquinado de madera.
El alcalde agradecía la ayuda a la constructora madrileña Cadarso XXI, al parecer primera adjudicataria de las obras, asegurando que el proyecto supone una inversión de ocho millones de euros, que, sin embargo, no costaría ni un euro de gasto para las arcas municipales. Efectivamente, el Ayuntamiento no hacía ninguna aportación económica en metálico, aunque si permitía a la empresa constructora la explotación privada del futuro parking durante cuarenta años y la venta de más de la mitad de las plazas, con un precio estimado de 20.000 euros cada una. Un negocio más que rentable para la constructora adjudicataria y perfectamente acorde con la política de privatizaciones de servicios públicos que, tanto PSOE como PP, practican en la ciudad de Cuenca.
Según el plazo de ejecución del contrato, el parking estaría acabado y en funcionamiento en doce meses. Cuando a finales del año 2.010 el alcalde coloca la primera piedra del parking, ya hay otra empresa constructora más en la lista: CRC Obras y Servicios SL.
Las obras se iniciarían de inmediato, a principios del 2011. Para ello había que socavar el patio del IES Alfonso VIII y dejar el edificio sin actividad docente. Este inmueble, que proviene de mediados del siglo XIX, ha sido declarado «edificio histórico» por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En él dio clases, como profesor de Ciencias Naturales, uno de los sabios más destacados que tuvo la España republicana, Juan Jiménez de Aguilar, que da nombre a la biblioteca del mismo Instituto. Los responsables de Educación de la Junta aceptaron congelar su actividad durante un curso y aprovecharon para llevar a cabo una rehabilitación del edificio docente.
Obras que nunca llegan
El alcalde de Cuenca populista comienza a quejarse del retraso en las obras de rehabilitación del instituto de enseñanza media, que le impiden iniciar la construcción del parking, retraso del que culpa a la psoísta Junta de Castilla-La Mancha. La oposición del PSOE en el Consistorio exige entonces explicaciones al alcalde de por qué hay tres empresas constructoras implicadas en este proyecto. Sale a la luz que Gestión de Concesiones Cadarso XXI ha tenido problemas y que ha sido absorbida por la Sociedad Gestora de Concesiones Conquenses, SL, que a su vez ha traspasado la ejecución del contrato a uno de sus socios, CRC Obras y Servicios, fusionada con una entidad catalana, Civis e Infraestructuras, SA, que no es para nada una empresa constructora, sino una sociedad «de cartera», es decir una firma que trabaja en operaciones típicas de tráfico inmobiliario, gestión de empresas, fusión de holdings…
Estamos hablando del año 2012, cuando la burbuja inmobiliaria ya había reventado, la crisis financiera estaba en su apogeo y las empresas constructoras se apresuraban a vaciar sus cajas fuertes y sus cuentas bancarias para evitar que salieran a la luz todas las operaciones clandestinas con que se habían lucrado a los largo de las últimas dos décadas.
Para dar salida a todos estos capitales ilegítimos, aparecieron de la nada multitud de empresas de «gestión de activos financieros e inmobiliarios», las cuales, a través de subcontratas y otras estrategias de confusión consideradas lícitas por el sistema, escondían el dinero negro de las constructoras, lo lavaban como podían y lo exportaban ilícitamente al extranjero. Provenientes de las muchas constructoras declaradas en bancarrota, miles de millones de euros salieron clandestinamente ese año de España rumbo a paraísos fiscales. En ese sentido, el proyecto del parking subterráneo de Cuenca estuvo afectado por los condicionantes económicos que la provocada crisis supuso.
La oposición psoísta en el Ayuntamiento de Cuenca, ya cercanos los comicios municipales, comienza a llamar «mentiroso» al alcalde de Cuenca por no decir claramente qué es lo que está provocando el retraso de la obras. Pulido intenta salir del atolladero argumentando que las constructoras contratadas se han fundido en una unión temporal de empresas. Pero sus últimas actuaciones no han resultado nada convincentes al electorado conquense, que cambia su intención de voto y a mediados de 2011 vota a un alcalde psoísta.
La titularidad del terreno
Los conflictos se agudizan cuando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cae en manos de Dolores Cospedal, que toma una postura implacable frente a las obras del parking. Ante unas grietas que salen en el año 2012 en los edificios afectados por las excavaciones, decreta su paralización inmediata. A causa de esta circunstancia, sale a la luz que los terrenos en los que se construirá el aparcamiento pertenecen a la Junta de Comunidades, en vez de al Ayuntamiento de Cuenca.
Esta situación paralizó las obras durante más de un año, ya que la constructora se negaba a iniciar la construcción del aparcamiento mientras el Ayuntamiento no fuera el propietario del suelo. El Consistorio no llegó a romper el acuerdo, sino que pidió a la Junta que le cediese la titularidad de la propiedad pública. Parece ser que la ausencia de un proyecto técnico de la obra por parte del Consistorio de Cuenca ha sido el principal obstáculo esgrimido por la Junta de Comunidades para no ceder este terreno. Desde el punto de vista administrativo, resulta francamente impensable que se iniciaran unas obras de esa envergadura sin que se hubiera producido esa cesión ni elaborado un proyecto técnico. Así pasaron otros dos años.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha insistió en su voluntad de ceder el subsuelo si el Ayuntamiento accedía a una serie de requisitos, entre otros que el uso del aparcamiento no afectara a los alumnos del instituto y que cedieran 25 plazas del aparcamiento para los funcionarios de la Delegación de Educación (que se encuentra junto al instituto). Empieza a perfilarse que el auténtico problema no es de tipo burocrático o legal, sino quiénes, cómo y de qué manera van a beneficiarse del aparcamiento cuando entre en funcionamiento.
La constructora pide indemnización al alcalde
En 2014, el Ayuntamiento y Junta de Comunidades llegan a un acuerdo para solucionar el problema de la titularidad del suelo. El alcalde de Cuenca pide a la concesionaria que reanude de inmediato los trabajos. Sin embargo, esta exige una serie de condiciones para hacerlo, entre ellas una indemnización por valor de más de cuatro millones de euros por todo el tiempo perdido y un reconocimiento de deuda, ya que entiende que la situación económica no es la misma ahora que en el momento de firmar el contrato en el 2010.
El Ayuntamiento se niega a pagar esa indemnización y a cambiar los términos del contrato, alegando que la aportación municipal siempre será de cero euros. Al ver amenazado su beneficio, la venta de un 60 % de plazas de aparcamiento y la explotación por un periodo de cuarenta años, la empresa se atrinchera en su postura y mantiene inactivos todos sus trabajos.
La vía judicial
A mediados de 2015, el Ayuntamiento rescinde el contrato con Sogecon (la subcontrata de CRC Obras y Servicios SL) y consigue una sentencia local contencioso administrativa que niega que tenga que indemnizar en nada a la constructora. Sogecon presenta recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, solicitando la anulación de esta sentencia.
Ante el anuncio del Ayuntamiento de Cuenca de que incauta la fianza de la empresa adjudicataria, (un cuarto de millón de euros) y hace pública su intención de sacar de nuevo a concurso la construcción del aparcamiento, la constructora inicia un nuevo procedimiento contencioso-administrativo contra el Consistorio.
Así las cosas, el pasado año 2016 el Ayuntamiento de Cuenca volvió a pedir autorización al juzgado contencioso-administrativo para licitar el parking de Cuenca. En lo que va de año 2.017, aún no ha habido respuesta del órgano judicial requerido.
El «metro» llega a Cuenca
La lluvia y la nieve de los inviernos produce balsas de agua estancada que afectan, tanto a los cimientos de los edificios colindantes, como a la misma seguridad de las dos calles que atraviesan la zona: la de Luis Astrana Marín y la avenida República Argentina. Estos estanques se prolongan con frecuencia todo el invierno y son ya conocidos entre los conquenses con el apodo de «las piscinas de Astrana Marín» (nombre de la calle más afectada). La amenaza de caída del vallado que protege la obra es otro inconveniente añadido.
Los conquenses, especialmente los vecinos del área afectada por las obras, indignados ante este problema que ha inutilizado su calle y deteriorado su entorno urbano hasta límites inadmisibles, recuerdan las «pérgolas» de las que hablaba el arquitecto municipal y el adoquinado de «madera de la sierra» con que prometió pavimentar su calle. Solo la ironía les salva: cuando hablan del inmenso socavón que han abierto en su barrio, y que no parece tener solución alguna, aseguran que no tiene nada que ver con un parking, sino que se trata en realidad de las obras de un proyecto mucho más ambicioso para traer el «metro» a la ciudad de Cuenca.
Obra demoniaca
A pesar de la resignación de la población conquense, que no acaba de entender por qué su clase política resulta tan torpe en la resolución del problema del parking, uno de los vecinos afectados publicó una carta en la prensa local quejándose de la situación que viven desde hace ya casi siete años.
Este vecino “que prefiere guardar el anonimato» habla de todos los problemas que han surgido a raíz del proyecto del parking de Cuenca: «Nuestra calle está cortada desde 2010; el IES Alfonso VIII, un centro educativo imprescindible para Cuenca, cerrado desde entonces; las aceras, sin adoquinar; las tomas de agua, al descubierto… Caminamos sobre charcos cuando llueve, mientras el inmenso socavón se llena de aguas fétidas con proliferación de infecciones».
En lo que se refiere al foso, este vecino denuncia que provoca «corrimientos de tierra, fisuras, manchas de humedad y grietas en nuestros edificios…». «Todavía estamos a tiempo de prevenir un derrumbe o una catástrofe similar y tener que reclamar por vía penal daños y responsabilidades. Podemos acreditar que nuestros pisos no presentaban los daños descritos antes del inicio de la demoniaca obra».