Sabino Cuadra para El Hurón.- Aún no se sabe cómo acabará todo. Si habrá o no sanción, o si les bastará con la amonestación y posterior expulsión de la tribuna del Congreso. ¡Vaya Ud. a saber! Dependerá de la última encuesta del PP y de su necesidad, o no, de endurecer su imagen pre-electoral. ¡Con su pan se lo coman!
La cosa empezó por denunciar al Gobierno del PP por su postura frente al proceso catalán: anulación de la ley de consulta, imputación al President y dos Consellers, conversión del TC en un antidisturbios con toga y birrete… Tenía que ver lo anterior con que en estos pasados años, frente a la mano tendida, las razones y las urnas catalanas, la única respuesta del PP –y también, en lo esencial, del PSOE- ha sido el no, el rechazo y la imposición.
“Legalidad, legalidad y más legalidad”, es lo único que sabe decir Rajoy. Pero sus leyes y tribunales están más trucados que los coches de la VW. Juegan con cartas marcadas, árbitros comprados y quieren además ir siempre de mano y tener un descarte de más. Pues no señor, así no se puede jugar. Hace falta cambiar de baraja y jugar con otra nueva. Por eso arranqué dos páginas de un ejemplar de la Constitución, esa que impone la soberanía única española, su unidad indisoluble e indivisible y un Ejército garante de lo anterior. Ese marco es tramposo. No sirve.
Los hooligans constitucionalistas no perdonaron el gesto. ¡Sacrilegio, sacrilegio!, gritaban. Su vaca sagrada había sido violentada. Escribas y fariseos de todo pelo y condición (PP, UPyD, UPN, PSOE..) se rasgaron las vestiduras. Los mismos que en otros momentos no han dudado en arrancar las paginas de una constitución que habla hipócritamente del derecho al trabajo (art. 35), a la vivienda (art. 47), a una jubilación suficiente (art. 50)…, clamaban ahora pidiendo lapidación. Sepulcros blanqueados los llamaron en su día. Pues eso.
Pero, aparte de lo comentado, el gesto de arrancar esas dos páginas ha traído consigo a debate otros temas de interés. Los hay que piensan que ese tipo de actuaciones atentan contra el “decoro” de la Cámara. Para José Bono (PSOE), por ejemplo, expresidente del Congreso, no llevar corbata atentaba contra éste y por eso amonestaba a cuantos diputados no la vestían, incluidos ministros. No parece atentar contra él, sin embargo, el hecho de que el techo y paredes del hemiciclo estén repletas de murales y cuadros en los que tan solo aparecen, reyes y reinas, condeses y marquesas, angelitos celestiales, Moisés con sus tablas de la ley, diputados de las cortes de Cádiz jurando su cargo ante un obispo… Pues bien, ¿no es eso, acaso, un atentado mucho mayor contra el decoro de un congreso que pretenda ser democrático?
Hay otros que llaman a lo que yo hice “política de gestos” y la critican porque, afirman, también hay que hacer trabajo cotidiano, dando a entender así, un tanto de refilón, que Amaiur de esto último más bien poco. Se oculta así que -perdón por citarme a mí mismo-, son alrededor de doscientas las intervenciones orales que he realizado en el Congreso empleando en ello unas dieciocho horas aproximadamente, de las que, tan solo en cinco ocasiones y durante dos o tres minutos en total, he realizado algún “gesto” similar a ese de arrancar las dos páginas de la Constitución. Lo que ocurre es que la mayor parte de los medios, sobre todo los estatales, en su política de boicot frontal a nuestro trabajo, tan solo hablan de nosotros para relacionarnos con la violencia o con este tipo de gestos, y no para informar de nuestras intervenciones relativas a las reformas laborales, de pensiones, la LOMCE, la Ley Mordaza, los Presupuestos, sus leyes fiscales…
Pero, por otro lado, ¿por qué no hacer gestos fuertes? ¿Por qué ha de ser todo buen rollito y críticas amigables? ¿Por qué no llevar al nuevo ministro de Justicia, nombrado tras el cese de Gallardón, una bolsa de plástico negra similar a la utilizada en las torturas padecidas y denunciadas por varias decenas de jóvenes que esos mismos días estaban siendo juzgados en la Audiencia Nacional por su supuesta pertenencia a ETA? ¿Por qué no sacar con orgullo en el Congreso esa ikurriña perseguida con saña por UPN en Nafarroa con sanciones de todo tipo contra personas, grupos y ayuntamientos?
¿Por qué esas dos varas de medir en el Congreso, que hace que nos llamen a nosotros la atención por decir desde el estrado que la política del gobierno es socialmente criminal y, sin embargo, nada de esto se hace cuando en una intervención se nos llama once veces seguidas testaferros de ETA? ¿Por qué, si el PSOE muestra fotografías de Rajoy recogiendo firmas en contra del Estatuto catalán no pasa nada y si nosotros mostramos las de Lasa, Zabala y su torturador, el general Galindo, se nos acusa de hacer “gestos”?
La sacralización de las instituciones solamente interesa a quienes quieren crear un foso entre éstas y la ciudadanía. Para ello precisan también que quienes estén en ellas vistan distinto, hablen diferente, se comporten de manera especial. No importa que lo que digan no se entienda, sino que “hablen bien”, tengan “glamour” y sean bien educados. Porque su mala educación no es algo que ellos precisen mostrar en el Congreso sino que la materializan a través de sus leyes mordaza, sus inmunes policías, sus correveidiles tribunales, sus despóticas mayorías… Y luego, después de haberte maltratado y marginado de esa forma, te dan una palmada en la espalda y te preguntan por el Osasuna o los sanfermines, porque ellos son así de educados.
Una y mil veces diremos a quienes nos exigen que retiremos la “ofensa” realizada al arrancar dos páginas de un ejemplar de la Constitución que nada tenemos que retirar porque ninguna ofensa hemos cometido. Y una y mil veces les diremos también que aquí la única ofensa real -no espiritual- cometida es la que padecen a cuatro millones y medio de personas paradas, nueve millones de pensionistas, medio millón de personas sin techo y ese 29% de la población que se encuentra en una situación de peligro de pobreza y exclusión social. Que la única ofensa recibida es la cometida a diario contra nuestros pueblos a quienes se niega el derecho a decidir, se anulan sus leyes y se persigue penalmente a sus President y Consellers.
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