Según informa la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, ha colocado a la institución que preside en una difícil situación de falta de credibilidad. “Su trayectoria profesional y personal lo deslegitiman como servidor público independiente”, han denunciado.
En estos momentos, la empresa pública Enresa, responsable de construir el almacén temporal centralizado (ATC), está en las primeras fases para licitar el servicio para la caracterización geotécnica dinámica para los estudios de interacción terreno-estructura de la Instalación Nuclear y complemento del análisis hidrogeológico en el ATC. Una concesión que tendrá un importe de unos 1.174.552,50 millones de euros (IVA no incluido) y cuyas ofertas se pueden presentar hasta el 18 de agosto, con un periodo de ejecución de ocho meses.
Este estudio, que implica sondeos de hasta 200 metros, es la respuesta de Enresa a la petición de información adicional del CSN ante sus dudas sobre los terrenos. Pero, según ha explicado, el emplazamiento «tiene al menos tres problemas»: el primero de ellos, la presencia de un acuífero «muy superficial y muy dinámico» que supone un «peligro de inundación» en la zona y de «extensión de la contaminación», en caso de producirse un escape en el almacén; el segundo, el hecho de que es un terreno «yesífero» en el que se pueden producir oquedades; y, en tercer lugar, la presencia de «arcillas expansivas» que, con la lluvia, aumentan de volumen y modifican el terreno.
Además, estaba prevista una reunión entre el ministro de Industria, José Manuel Soria y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. En el orden del día figuraba el ATC, pero Soria, de forma unilateral, ha aplazado la reunión hasta septiembre. De esta manera, Soria desprecia las pretensiones de los castellano-manchegos, puesto que el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, elegido por las urnas, ha expresado su rechazo a que se instale en su territorio el ATC.
Para este colectivo, en caso de que se apruebe el informe que daría luz verde a la ubicación del ATC en Villar de Cañas, llevaría aparejado un enorme descrédito del organismo público, quedando su presunta neutralidad por los suelos. Y señalan como principal responsable de la caída de credibilidad del CSN a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen.
Martí y sus negocios con López del Hierro
Sobre Martí, hay varios hechos que establecen dudas sobre su imparcialidad para evaluar la idoneidad del ATC.
El primero de ellos es que Martí firmó en diciembre de 2011, como secretario de Estado de Industria, la designación de Villar de Cañas para albergar el ATC. Por tanto, no parece adecuado que sea a la vez juez y parte.
El otro hecho destacable es que Comfia-CCOO interpuso en abril de 2014 una querella a varios directivos de Liberbank, entre los cuales se encuentran Fernando Martí e Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, por cobrar del banco asturiano sin mediar contrato. No hay que olvidar que la empresa de López del Hierro (Iberinco) ha recibido de Enresa varios contratos relacionados con el ATC, directamente o de forma participada, por valor de más de 34 millones de euros, durante la presidencia de Gil-Ortega, hombre de confianza de Cospedal.
Por otro lado, Liberbank es propietario de Banco CCM. Este banco, constituido en 2011 mediante un Sistema Institucional de Protección (SIP) por Caja Castilla-La Mancha (CCM), Cajasur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria, tuvo en su directiva a López del Hierro antes de su intervención por el Banco de España.
En todo este entramado, tampoco se pude obviar que el presidente del Liberbank, Manuel Menéndez, lo es a su vez de «HC Energía», importante compañía eléctrica y gasística que posee numerosas centrales hidroeléctricas y una participación del 15,5% en la central nuclear de Trillo.