Iñaki Gil de San Vicente.- Como ya es sabido en las introducciones a los textos que siguen hago alguna breve referencia a sus relaciones con la corrupción. En este caso es totalmente esclarecedor que la llamada Ley Mordaza pase por alto la persecución de las múltiples corrupciones que pudren a la sociedad española.
R. Campderrich Bravo es un reconocido investigador de los sistemas jurídicos y defensor de la democracia no edulcorada. En su brillante artículo Hacia un nuevo derecho penal neoabsolutista: una revisión crítica de la reforma del Código Penal, 25/03/2015 (www.mientrastanto.org) deja constancia de que no se persigue la corrupción. Otros muchos analistas también lo han hecho.
Hace poco nos hemos enterado de que el Estado español está a la cola en el control, regulación y seguimiento de las formas de influir que tienen los poderosos lobbies que condicionan muy mucho con sus prácticas oscuras el desarrollo de lo que denominan sistema «democrático parlamentario». Ya hemos hablado de los lobbies en estas introducciones así que no me voy a extender.
También hemos leído recientemente que la UE deja de recaudar un billón de euros al año por la evasión de fondos de las grandes empresas a los paraísos fiscales. Y eso en la UE que está empezando a hacer esfuerzos para vigilar estas y otras trampas. En China Popular han intensificado la lucha contra la enorme corrupción que lastra su vida económica y política: a raíz del estallido de la burbuja financiera en Asia y China, su policía ha procedido a detener a grandes especuladores tramposos, reduciendo en poco tiempo parte de la gravedad del problema, que tiene razones más profundas que no podemos analizar ahora. La rápida respuesta de China Popular contrasta con la lentitud pasmosa de India para combatir la corrupción, lo que está agudizando viejas hambrunas que parecían extinguidas.
Pues bien, el Estado español pasa olímpicamente de afrontar esta lacra estructurar que, sin embargo, es imprescindible para los buenos negocios e influencias políticas. Esta es la realidad, y la ficción es que los partidos de oposición de su Graciosa Majestad van a multiplicar las campañas de denuncia de las pequeñas corruptelas de los otros porque estamos en una larga campaña electoral. Aunque está demostrado que la corrupción castiga relativamente poco en los resultados electorales, van a esforzarse en debilitar a los adversarios mientras que intentan presentarse como campeones de la moralidad y de la transparencia.
Al tiempo.
CONTRA EL ENDURECIMIENTO DE LA LEY MORDAZA
Nota: Esquema de charla-debate para Lizarrako Gazte Asanblada
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La ahora llamada Ley Mordaza es el más reciente endurecimiento represivo del imperialismo español que vulnera, al menos, doce artículos de su propia Constitución de 1978, impuesta al Pueblo Vasco. No es una nueva y original ley, distinta a las muchas anteriores, sino un «perfeccionamiento» de la ley general como veremos en su momento. La juventud vasca, nuestro pueblo en realidad, viene sufriendo una mordaza desde hace demasiado tiempo: en la II República un joven apellidado Idiakez vio cómo se agravaba su condena por ser independentista al responder en euskara al juez español. Podemos seguir retrocediendo en la historia de la mordaza, o mejor decir de las mordazas, pero sería demasiado largo. La actual Ley Mordaza es una vuelta de tuerca más en el mismo torniquete.
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Y decimos que este tuercazo vulnera al menos doce artículos porque eso es lo que sostiene un partido de orden, represor y torturador como el PSOE, que apoyó incondicionalmente la ruptura de Hego Euskal Herria al excluir a las Vascongadas de Nafarroa; que aquí, en Nafarroa, dejó una estela de hedionda podredumbre, y que se lanzó contra la identidad euskaldun del herrialde; que creó los GAL en 1983; que aceleró la desindustrialización; que frenó en seco el desarrollo autonómico y foral y reforzó la recentralización del Estado; que reprimió al independentismo; que «reformó» la Constitución española a golpe de martillo en 2010 para beneficiar al capital financiero transnacional en detrimento de las clases y pueblos explotados, que… Pues bien, que este partido asevere que la Ley Mordaza incumple 12 artículos constitucionales, nos da una idea clara de la gravedad del asunto.
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Antes de seguir conviene leer estas declaraciones del ministro del Interior español realizadas el 19 de junio de 2015: «El nuevo Código Penal garantizan el derecho de los que respetan la ley (…) A nadie se limita el derecho a manifestarse, se garantiza que a quien quiera manifestarse y respete la ley no vea alterado su derecho por los que quieran alterar el orden, agredir a las fuerzas de seguridad o encapuchados quemar contenedores». Es el mismo argumento que sirve para limitar los derechos de los piquetes sindicales y de las huelgas para garantizar el derecho de los transeúntes y consumidores; es el mismo que sirve para aumentar el control y la vigilancia policial para garantizar la seguridad, para reducir la libertad y aumentar la tranquilidad… de la burguesía y sus negocios. Volveremos a estas palabras cuando lleguemos al ptº 32.
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Pero debemos hacernos tres preguntas desde la perspectiva juvenil: ¿es esta la única mordaza que sufre la juventud trabajadora vasca?; ¿por qué se endurece ahora?, y ¿cómo vencerla? Respondiendo a la primera hay que decir que la juventud en general sufre la mordaza vital desde que nace, desde el mismo primer instante en el que el poder adulto le empieza a imponer una personalidad sumisa y obediente, acorde con las necesidades económicas, sexuales, culturales y lingüísticas, religiosas, etc., de la clase social a la que pertenece, del Estado en el que ha nacido y de los intereses imperialistas globales a los que ese Estado sirve.
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Pero a diferencia de la poca juventud burguesa, la mayoritaria juventud trabajadora sufre una mordaza cualitativamente más dura porque es educada para no sólo aceptar pasivamente todas las opresiones posibles sino sobre todo para reforzar el sistema explotador de dos maneras: con su pasotismo indiferente en la edad juvenil, y con la posterior reproducción de esclavos alienados una vez que han formado una «familia normal». La juventud trabajadora femenina es la que más padece este adiestramiento psicológico impuesto por el poder adulto, por la familia patriarcal. En un contexto de opresión nacional como el que padecemos, la mordaza es definitivamente total cuando a la juventud trabajadora se le impone la lengua y cultura extranjera, del Estado ocupante.
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La juventud trabajadora de una nación oprimida, sobre todo la femenina, está coartada por una mordaza absoluta no sólo en su conciencia cotidiana sino sobre todo en su personalidad impuesta por el poder adulto, personalidad que empieza a gozar de los primeros cambios liberadores cuando esa juventud se interrelaciona, se autoorganiza, contacta con otros grupos y colectivos, empieza a hablar con sus padres y madres con sinceridad crítica si ello es posible, cuando se afilia a una organización juvenil independentista y socialista y/o a movimientos populares y sindicatos sociopolíticos, etc. Pero aun así, una dificultad muy grave que debe superar la juventud trabajadora es la síntesis entre los medios de propaganda burguesa y la política de silencio o alienación del poder adulto familiar, ambas dan forma a una mordaza prácticamente absoluta que se sostiene y se refuerza con el resto de restricciones de derechos y libertades ya impuestas antes de la Ley Mordaza a la que ahora también combatimos.
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¿Por qué ahora, en este contexto, el PP multiplica las represiones? A primera vista parece que por la necesidad de atraer a su cesta parlamentaria los votos enfadados del nacionalismo español más fanático y fascista, o por retirarse del gobierno dejando todo «atado y bien atado»… Precisamente ahora, cuando los datos oficiales muestran un retroceso de las movilizaciones públicas en calles y centros de trabajo de las «mareas», asambleas, concentraciones y manifestaciones, comparando la relativa calma de 2014 con la oleada de 2011-13. Otro tanto sucede con las movilizaciones y luchas sindicales que han bajado un poco de 2014, así como de las estadísticas anuales de la llamada «delincuencia». ¿Entonces…?
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Antes de responder a esta pregunta debemos analizar rápidamente las causas de esa «normalización social» tan beneficiosa para la burguesía porque en su trasfondo encontraremos algunas de las razones fundamentales de la vuelta de tuerca de la Mordaza. Ha habido un descenso por la simultaneidad de, al menos, cuatro razones: el efecto miedo paralizante de las represiones anteriores, en especial la masivas multas económicas en medio de un empobrecimiento social acelerado; las pocas victorias apreciables conseguidas o en vías de victoria; el papel de Podemos, CCOO y UGT, y algo menos de IU en orientar el malestar social en creciente autoorganización exclusivamente hacia la tramoya parlamentaria, creando falsas expectativas; y la enorme economía sumergida, la corrupción y la emigración, que «socializan la pobreza» aportando unos euros vitales para aguantar mientras llega el «milagro de Podemos».
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La situación en las naciones oprimidas nos exige un análisis específico en el que no podemos extendernos ahora más que en lo muy básico, porque semejante estudio concreto deben hacerlo sus fuerzas revolucionarias, si ven la necesidad. Dependiendo de las circunstancias de cada nación las cuatro razones expuestas influyen con distinta fuerza, o apenas nada, existiendo otros motivos diferentes. Sí existe una común tendencia al alza de la identidad nacional y/o soberanista en su juventud trabajadora lo que enfurece e inquieta al PP y preocupa a la fracción «progre» del nacionalismo español. En cuanto a la relativa desmovilización que padece una parte de la Izquierda Abertzale, la soberanista que gira alrededor de EH Bildu, tiene causas propias irreductibles a la situación española aunque con las conexiones impuestas por la objetividad del capitalismo que nos explota.
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La burguesía europea sabe que el futuro español es, en el mejor de los casos, el de semiperiferia en la UE, con altísimo paro estructural, población empobrecida y envejecida, subempleada en el sector servicios, de muy baja o nula cualificación laboral, en una economía semi-industrializada y dependiente del exterior en grado decisivo, tecnófoba y corrupta. De producirse el anhelado «milagro de Podemos», neokeynesiano de andar por casa, sólo significaría una tirita en la supurante llaga económica, social e internacional que debilita al Estado que retrocede peligrosamente en la jerarquía imperialista mundial.
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Mediante la psicopolítica, el márquetin electoral, la estulticia del PSOE, la debilidad preagónica de IU, etc., el Capital movilizó las reservas de irracionalismo autoritario y nacionalismo gran español para prestar el Gobierno del Estado al PP con el objetivo desesperado de impedir la catástrofe total a raíz de la crisis de 2007. La lucha de clases es mucho más compleja que esta versión simplista que he dado para explicar rápidamente cómo el Capital logra poner a sus fieles peones en instrumentos importantes como el Gobierno, pero pese a su simplismo nos sirve para comprender el funcionamiento a medio y largo plazo del paradigma, sistema y estrategia represiva. Cuando empiece a agotarse la creencia en el milagro alternativo al PP y vuelva la cruda realidad pero ahora con la lección de la trampa del bluf reformista, en ese momento la Ley Mordaza confirmará su valía.
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El capitalismo español obtuvo tiempo y apoyos invisibles para evitar el desastre de la quiebra y del corralito a condición de que endureciera al extremo la explotación social, como está ocurriendo. Del mismo modo que el PSOE obedeció ciegamente las órdenes imperialistas en 2010, también lo hizo el PP desde entonces, pero, consciente de su agotamiento, ahora debe dejar atado un sistema represivo más duro por si el Capital desea sacrificarle a pesar de sus buenos servicios, y cambiar de peón gubernativo en poco tiempo. La Ley Mordaza cumple ese objetivo. Aunque en un futuro el PSOE o Podemos, o cualquier otra combinación que no sea de izquierdas, llegue al gobierno e intente suavizar un poco algunas de los contenidos sociales más duros de la crisis, lo fundamental de la nueva doctrina y paradigma represivo estará ya establecido. Conviene recordar que el Capital ya encargó al PSOE la misma misión en lo esencial en 1982, de la misma forma que antes se la había encargado a UCD.
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Las burguesías autonomistas y regionalistas, CDC-UDC, PNV, UPN, etc., no echarán abajo las nuevas mordazas, de hecho sólo se han sumado a la protesta ante el Tribunal Constitucional para no quedarse descolgados en plena campaña electoral. Lo más probable es que anulen brutalidades inhumanas como la cadena perpetua, la expulsión en caliente, la cárcel para determinadas actos de protesta pacífica, y rebajen la cuantía de multas desorbitadas e impagables, pero dejen el resto para uso discrecional según las necesidades del momento, todo ello con la excusa de que, aun así, la Ley Mordaza tiene «cosas positivas». PNV y UPN por ejemplo, intentan ocultar su felicidad reaccionaria por el incremento apreciable de la represión en Hego Euskal Herria contra Askapena, familiares de prisioneras y prisioneros, juventud combativa, lucha obrera y popular, sedes y locales de la izquierda abertzale, etc.
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La Ley Mordaza se inscribe en la tendencia general de involución antidemocrática desde la década de 1970 con altibajos, ralentíes momentáneos y acelerones intensos y prolongados. La burguesía ha asestado terribles golpes a su propio sistema democrático. Urgida por contener y contrarrestar la tendencia a la baja de la tasa media de beneficios, incrementa la explotación social y reduce derechos y libertades. La UE, en contra de la falsa visión democraticista que ofrece el reformismo, es un poder burocrático, vertical y apenas accesible a algunas tibias reformas secundarias. Un ejemplo de entre mil más: el trato al pueblo griego.
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Se avecinan batallas sociales decisivas como el TTIP y otras, y la fracción burguesa dominante, la financiero-industrial de altas tecnologías, ha restringido ya el margen de acción democrático-radical en todos los Estados, empezando por Alemania en donde el ejército puede ya intervenir oficialmente en la vida sociopolítica «por razones de seguridad». La OTAN, brazo armado de la UE, ha policializado unidades enteras y ha militarizado cuerpos policiales.
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Por poner el ejemplo del talismán intocable del pacifismo incondicionalmente respetuoso con toda ley: www.elpais.com del30/06/2015 escribe que, según recalcan las ONG: «La Ley Mordaza ha puesto fecha de caducidad a la resistencia pacífica. La nueva normativa otorga a la policía la capacidad de multar a quienes se nieguen a disolver reuniones y manifestaciones en lugares públicos una vez lo ordene «la autoridad competente»».
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Debemos mantener viva la memoria que nos recuerda que el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado por la ONU en 1948, afirma lo siguiente: «Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión». Pues bien, la Ley Mordaza no sólo niega este supremo recurso a la rebelión, sino que va al final, a prohibir a discreción policial el derecho de manifestación pacífica.
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Visto lo anterior, y antes de responder a la pregunta decisiva sobre cómo vencerla, debemos abrir el monstruo en canal para descubrir sus envenenadas vísceras internas. Vamos a presentar de manera resumida varios informes que circulan por la red, como este que aparece en www.kaosenlared.net del 30/06/2015, que enumera diez cosas que no podemos hacer ya so pena de una multa:
- Realizar una protesta en una “infraestructura que presta servicios básicos para la comunidad”
- Tuitear sobre una protesta o manifestación venidera
- Colgar películas en Internet
- Consumo de drogas en la vía pública
- Manifestarse ante un Parlamento
- Hacer fotografías de la Policía
- Perturbar una manifestación pacífica
- Impedir un desahucio
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Ocupación de inmuebles
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Oponernos a las devoluciones en caliente
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Aquí nos limitamos a transcribir lo que otras investigaciones realizadas por www.publico.es del 28/06/2015 han descubierto y criticado sobre la premeditada ambigüedad de la redacción, que permite la casi total impunidad policial en muchas intervenciones. Se trata de una trampa muy peligrosa, la de la ambigüedad interpretativa, que debemos denunciar siempre. Por ejemplo:
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La “ocupación de la vía pública” puede ser interpretada de cualquier modo y multada con 100 a 600 euros.
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La “perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya infracción penal”, puede ser multada con entre 601 a 30.00 euros.
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El incumplimiento “de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos”, puede recibir de 100 a 600 euros.
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La “ocupación de cualquier inmueble (…) o la permanencia en ellos (…) contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal”, puede recibir de 100 a 600 €.
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La “perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal”, con 601 a 30.000 €.
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Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, con 30.001 a 600.000 €.
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Colgar fotos o difundir vídeos de autoridades o policías si suponen un “peligro para su seguridad personal o familiar“, con 601 a 30.000 €.
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El reenvío de mensajes de protestas en redes sociales, so pena de sufrir el mismo castigo que los organizadores aún sin haber acudido a la protesta misma y desconociendo su resultado, con 30.001 a 600.000 €.
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Si bien estas nuevas leyes represivas pueden golpear a cualquier segmento de la población, en realidad van dirigidas fundamentalmente a las clases trabajadoras ya que según este mismo medio de prensa:
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No se pueden celebrar asambleas en las calles: 100 a 600 €.
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No se puede manifestarse de forma espontánea frente al Congreso, de 601 a 30.000 €.
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No se puede impedir un desahucio, de 601 a 30.000 €.
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No se puede ocupar oficinas bancarias por un tiempo, de 100 a 600 €.
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No se puede escalar edificios para colgar pancartas, de 100 a 600 €.
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No se puede entrar en una televisión para protestar por un cierre, de 30.001 a 600.000 €.
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No se pueden difundir imágenes de los policías, de 601 a 30.000 €.
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No se pueden difundir mensajes o consignas que inciten a la alteración pública: hasta un año de cárcel.
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Si vemos los castigos y multas desde la perspectiva de www.elperiodico.es del 12/12/2014, descubrimos que tenemos que pagar entre 100 y 600 € por:
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Negarse a identificarse
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Ocupar un inmueble sin el consentimiento del propietario
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«Insultar» a la policía durante una manifestación
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Ocupar entidades bancarias
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Ocupar la vía pública por la venta ambulante (el llamado ‘top manta’).
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Consumir bebidas alcohólicas en la calle.
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Escalar edificios.
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Según este mismo medio, si elevamos la cuantía de la multa de 601 a 30.000 €
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Grabar a la policía y hacer uso de las imágenes sin autorización
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Manifestarse frente a la sede del Congreso, del Senado o de parlamentos autonómicos si se «perturba la seguridad»
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Impedir un desahucio
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Negativa de disolución de concentración o manifestación
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Consumir drogas en lugares públicos, aunque no se trafique con ellas
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Solicitar o aceptar servicios sexuales en la vía pública o donde haya menores.
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Y si pasamos de los 30.001 a los 600.000 € vemos que están super prohibidos:
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Reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos
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Celebrar actividades recreativas en contra de la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente.
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Si recurrimos a un estudio aparecido en www.nuevatribuna.es del 26/03/2015, vemos que hay 4 faltas muy graves multadas con 30.001 a 600.000 €.
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Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas.
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Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.
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Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.
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Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.
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Según este mismo estudio, vemos que hay 23 faltas graves multadas con 601 a 30.000 €.
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Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas.
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La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas.
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Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas.
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Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, por ejemplo, las concentraciones para impedir la ejecución de desahucios.
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Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia.
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La desobediencia o la resistencia a la autoridad así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.
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Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen las autoridades competentes cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión. Entre estos supuestos se encuentra «cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes» por lo que podría emplearse esta infracción para sancionar los llamados escraches.
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Perturbar el desarrollo de una manifestación lícita.
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La intrusión en infraestructuras críticas (que prestan servicios esenciales para la comunidad) incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.
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Portar armas prohibidas o portar o usar armas de modo negligente y temerario o fuera de los lugares habilitados para ello.
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Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques…) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial.
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Fabricar, almacenar o usar armas reglamentarias o explosivos sin autorización así como la omisión o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias.
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Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
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El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño.
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No colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
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El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello.
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El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas (las cundas)
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Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.
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La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios.
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La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.
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Dar datos falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta Ley.
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Incumplir las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.
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El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.
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Según este mismo estudio que estamos citando, vemos que hay 17 faltas multadas con entre 100 y 600 €:
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Manifestarse sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores.
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Exhibir objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio.
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Incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público causando alteraciones menores en el normal desarrollo.
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Faltar al respeto y consideración de la Policía en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.
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Hacer o incitar a actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena.
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Proyectar haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre la Policía para impedir o dificultar sus funciones.
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Ocupar casas y la venta ambulante no autorizada.
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No denunciar la pérdida o el robo de un arma.
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Irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con trascendencia para la seguridad ciudadana.
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Estar indocumentado o no denunciar su robo o pérdida.
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Negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año.
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Negarse a darle la documentación a la Policía.
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Dañar bienes muebles o inmuebles público o privados en la vía pública.
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Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños.
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Remover vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por la Policía para delimitar perímetros de seguridad.
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Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.
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Consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.
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Además, la vuelta de tuerca de las mordazas introduce la condena de cadena perpetua disimulada con el eufemismo de «prisión permanente revisable». Y la denominada «devolución en caliente» criticada por asociaciones democráticas e instancias oficiales de derechos humanos. Salvo error u omisión nuestra, la Ley no exige la colocación de cámaras de grabación obligada en el interior de comisarías y cuartelillos que puedan impedir o al menos reducir las prácticas de malos tratos, el tormento y la tortura a las personas detenidas.
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Según el PP su Ley Mordaza agilizará el funcionamiento de la judicatura porque dejará fuera de la intervención de los jueces algo más de tres millones de delitos menores que se rebajan a faltas leves. En realidad es una mayor indefensión social porque ahora serán los policías y no los jueces de instrucción los que califiquen la falta leve y le apliquen el castigo convenido: pura arbitrariedad. Un principio de la ley es que los jueces han de dictar la pena más favorable al reo, pero ya será imposible con la Ley Mordaza, que otorga un tremendo poder a personas que ignoran el derecho, y que pueden estar axiológicamente guiadas por ideologías reaccionarias, racistas, machistas.
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La psicología marxista muestra que personas con estructura psíquica e ideología autoritarias se integran en colectivos y organizaciones disciplinarias, con uniformes y códigos que exigen e imponen obediencia mental y afectiva a la «figura del Amo»: Policía, Ejército, Judicatura, Iglesia… Personales «normales» se endurecen al protegerse psíquicamente dentro de un uniforme, algo que aprovecha la industria de la seguridad privada estrechamente relacionada con la derecha. Si bien la casta judicial es una pieza clave del orden, que vigila atentamente la fidelidad de sus miembros, formalmente debe cumplir protocolos con apariencia de «neutralidad»: el mito de que «la justicia es ciega».
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La vuelta de tuerca de la Mordaza barre esta mínima «seguridad» legal, instaurando una atmósfera de incertidumbre e indefensión ante la arbitrariedad policial. Aplica sutilmente principios de la «represión aleatoria» nazi al actual paradigma represivo que hunde parte de sus raíces en el Plan ZEN de 1983, en la Ley de la Patada en la Puerta de 1992, etc., del PSOE. No explicamos ahora la compleja interacción entre paradigma, sistema, estrategia y tácticas represivas, desarrollado con ayuda internacional desde la «democracia». Esta evolución explica que ahora se someta a las clases y naciones explotadas a una totalizante pedagogía del miedo más sofisticada, dúctil, sibilina e intimidatoria que la sufrida antes de la «democracia».
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La represión aleatoria consiste en que la población nunca sepa dónde, cuándo, cómo y qué represión va a caer sobre ella. El desasosiego, la incertidumbre y el miedo al posible peligro se extiende por la población, reforzando sus tendencias sumisas y paralizando sus tendencias rebeldes. La actual Ley Mordaza adapta partes del método nazi a franjas sociales potencialmente «subversivas» pero los medios de vigilancia y control social existentes le permiten al poder acceder a muchísima información susceptible de ser criminalizada de algún modo. La calculada ambigüedad de la Ley refuerza la inquietud e inseguridad de las personas que defiendan derechos permitidos hasta ayer, ya prohibidos, y que desde hoy pueden ser castigados duramente según la aleatoria decisión de tal o cual policía.
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Aquí conviene releer la declaración del ministro del Interior transcrita en el ptº 3 porque nos aclara el mensaje: si obedeces, no te pasará nada, si desobedeces puedes ser castigado por muchas cosas y cuando no lo esperes, con multas y penas que desconoces y sin apenas posibilidad de defensa legal. Las 44 prácticas objeto de delito amplían sobre manera los sujetos sociales de represión, amplían la aleatoriedad represiva al reformismo, a la izquierda y al conjunto de las clases y pueblos explotados. Al principio del nazismo se salvaban de la represión aleatoria los miembros del partido y del ejército, los obedientes, los «arios», y la burguesía, pero al final sólo la Gestapo y las SS. Lentamente pero sin pausa, avanza la lógica anti-garantista y la actual Ley Mordaza extiende mucho la criminalización social.
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Pero la vuelta de tuerca actual añade una perversa novedad que multiplica su eficacia en dos sentidos si la comparamos con la áspera y tosca brutalidad nazi: por un lado, el recurso sistemático a las multas busca despolitizar e individualizar los castigos aislándolos en cada unidad familiar, presentándolos como «delitos económicos» idénticos cuando pueden llegar a ser irreconciliables: no existe punto de comparación ética y política entre la recuperación de una casa o fábrica abandonada, o impedir un desahucio, o retransmitir los golpes policiales a una pacífica manifestante, avisar para acudir a una manifestación contra la corrupción, etcétera, y traficar con droga, buscar prostitutas, ser racista, etcétera. El dinero, en el capitalismo, lo iguala todo; las mordazas actuales quieren igualar la dignidad humana con el narcocapitalismo y la trata de mujeres.
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Por otro lado, las multas buscan fortalecer el poder adulto porque son las familias las que deben pagar las multas de los hijos e hijas sin recursos propios. En un Estado con una tasa de desempleo y empobrecimiento juvenil tan espeluznante, son las apuradas familias obreras y populares, y de las casi extinta «clase media», la que ven cómo se reducen aún más sus magros recursos. La derecha lo que busca con esto es movilizar el egoísmo reaccionario del poder adulto para que actúe con más contundencia como «policía familiar» que es. Ahora mismo, miles de familias del Estado buscan cómo hacer frente a ese castigo añadido, y muchos grupos y organizaciones revolucionarias están literalmente en la ruina por la soga de las multas impagables, la vuelta de la tuerca aprieta aún más la soga.
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Si volvemos a unir las dos innovaciones represivas introducidas por las multas, vemos que confluyen en que buscan movilizar las oscuras reservas subconscientes e inconscientes que dormitan en el abismo reaccionario de la estructura psíquica alienada de la sociedad capitalista. Y lo hacen mediante el dinero que, además de medida del valor, medio de circulación, acumulación y pago, y dinero mundial, también es una relación social de poder, una fuerza irracional y fetichista que cosifica a las personas. El poder adulto familiar es especialmente sensible a esta manipulación de su irracionalidad y responde multiplicando el autoritarismo social y familiar.
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Después de todo lo expuesto, estamos ya en condiciones de pasar a la tercera y última pregunta que hemos planteado en el ptº 4: ¿Cómo puede vencer la juventud vasca esta nueva vuelta de tuerca represiva? Veamos tres respuestas. La primera respuesta es que mediante la organización. El lema debe ser: «Contra represión, organización». Hay que conocer la ley con suficiente rigor como para tener las defensas preparadas, para saber argumentar y demostrar su esencia antidemocrática, para organizar bien la lucha por los derechos y libertades prohibidas, para saber concienciar e integrar en la lucha a los sectores sociales afectados por ella y que aun la desconocen, para crear fondos y cajas de resistencia, de solidaridad…
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Si bien una persona joven aislada o con una simple asistencia puntual a alguna asamblea o charla, puede adquirir un conocimiento de la Ley dependiendo del esfuerzo individual que le dedique, en la realidad el problema es cualitativamente superior porque además del conocimiento de la mordaza hay que conocer su contexto, su objetivo, su historia como parte de una represión que viene de lejos y que va endureciéndose, y semejante visión crítica global sólo puede adquirirse dentro de una organización revolucionaria juvenil. Además, este conocimiento teórico debe estar siempre sometido al examen de la realidad cambiante, al «criterio de la práctica», al choque crítico con la compleja realidad juvenil, de lo contrario esa teoría no sirve para nada. Y únicamente la militancia juvenil organizada puede aportar esta vital experiencia práctica.
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La segunda respuesta sólo es coherente en su sentido pleno si se parte de la primera, de la organización juvenil, y consiste en masificar y extender por el conjunto de la juventud vasca toda práctica en defensa de las necesidades diarias de la juventud teniendo en cuenta el endurecimiento de las represiones. Necesidad y derecho van unidos, pero cuando los segundos han sufrido una amputación muy grave entonces se vuelve más difícil luchas por las primeras, por las necesidades. Sin embargo, esta interrelación sólo puede aprenderse en su decisivo sentido en la práctica diaria, nunca o muy libresca y superficialmente si nos limitamos a las charlas de taberna.
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Es decir, la experiencia aprendida en la movilización cotidiana para satisfacer las necesidades de la juventud irá mostrando la urgencia de acciones simultáneas contra la vuelta de tuerca de la Ley Mordaza, nunca antes. Consideremos por ejemplo la necesidad de vivir en comunas, de independizarse de la familia, de crear autoorganización juvenil, pasos imprescindibles; las nuevas mordazas refuerzan a las viejas multiplicando las prohibiciones y castigos: ¿cómo prepararnos para la multa por ocupar una casa abandonada, por qué se prohíbe y a quién interesa, a que otros sectores juveniles debemos avisar y advertir….? ¿Y si debemos impedir un desahucio de la familia de amigos y amigas del barrio…? Si alguien con poca experiencia y mucha voluntad quiere llenar de pancartas todo el vecindario y hasta el tejado del ayuntamiento e Iglesia ¿cómo le explicamos los riegos represivos sin que se desanime?
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Aquí interviene la tercera y última respuesta: toda represión agudiza la dialéctica entre por un lado espontaneísmo, asambleísmo, movimientos, etc., y por otro, organización. Se trata de una unidad de polos complementarios que se refuerzan e influyen mutuamente. No son contradictorios excepto en los casos extremos de choque entre un pasotismo radical de palabra pero reformista en el fondo, y un dirigismo burocrático sectario y despreciativo. En la realidad, los movimientos, las «mareas», el espontaneísmo en general, brotan tras largos períodos de pasividad y derrota, alcanzan una fuerza apreciable pero poco orientada hacia objetivos estratégicos, aunque sí tácticos, y se desinflan como suflés si en su interior no militan organizaciones que, pese a sus altibajos más o menos graves, han aguantado en los reflujos.
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La desaparición de los movimientos deja un rastro de desconcierto derrotista que sólo puede superarse mediante la visión histórica que aporta una organización estable, pese a sus momentos de debilidad. La reaparición al cabo del tiempo de otros movimientos con formas nuevas, diferentes a las de los extintos, hace creer a quienes desconocen la historia que todo ha cambiado, que no existe continuidad básica con el pasado que no volverá, y que por tanto hay que empezarlo todo de nuevo. Este error se repite siempre que resurge el espontaneísmo, volviéndose a escuchar la tesis reformista de que no hace falta ninguna organización formada por militantes cualificados, sino «movimientos amplios, abiertos, con diversidad de opiniones, sin objetivos ni estrategias precisas, sin conceptos rigurosos, sino con “significantes vacíos” que cada cual llenará a su gusto».
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Estas «mareas» suben en la pleamar de las contradicciones pero por ellas mismas no desbordan los muros de contención del orden burgués. Tras estrellarse contra la fuerza del Estado, empiezan a retroceder desilusionadas por la falta de victorias serias, agotadas por el esfuerzo baldío, atemorizadas por la represión en ascenso, desunidas por los cantos de sirena de demagogos reformistas que todo lo prometen si el pueblo deja de luchar en la calle y entra al redil de la «normalidad política». Franjas más o menos amplias de los movimientos se creen estas promesas vacías y les dan sus votos, ralentizan sus luchas o las dejan y permanecen expectantes a que se cumpla el milagro. Unos sectores esperarán más que otros con esperanza y fe, pero tarde o temprano surgirá de nuevo el desánimo social.
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La burguesía, paciente porque sí sabe lo que verdaderamente está en juego, se reorganiza y contraataca. Incluso puede pensar en sacrificar un peón político ya agotado para poner a otro nuevo, con imagen joven, que ocupe su lugar y que arrastre tras de sí a cientos de miles de votos engañados e ilusos. Mientras tanto, los aparatos de Estado especializados en estrategias políticas y en represiones van preparando nuevas armas para el caso de que sean necesarias en un futuro como ya lo son en el presente.
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Nada de lo que acabamos de decir es eso que llaman «política ficción». Salvando las distancias, algunas ya fueron realidad durante los conflictos de clase en las ciudades griegas y en la Roma republicana, también en la China antigua; otras más en las comunas medievales y sobre todo desde las luchas urbanas en la Italia renacentista, hasta ahora. A lo largo de estos siglos, la dialéctica entre espontaneidad y organización ha ido avanzando, pero contra ella, y como unidad de contrarios antagónicos en permanente lucha, han avanzado también los sistemas de vigilancia, control u represión de los poderes opresores.
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La actual vuelta de tuerca represiva de la Ley Mordaza es parte de esta larga historia que surgió cuando se impuso la propiedad privada de los medios de producción, y cuando, como respuesta, surgieron las primeras luchas sociales por recuperar la propiedad colectiva, común, eso que en 1842 Marx denominó Bienes Comunes, expresión que ahora está tan de moda. Sólo con los bienes comunes, con el comunismo, acabaremos con todas las mordazas.
Nota: Esquema de charla-debate para Lizarrako Gazte Asanblada.
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